La llamada ”estafa maestra” fue una desviación milmillonaria de recursos federales a través de varias universidades estatales, incluida la UAEM, que es investigada por la Fiscalía General de la República.
El entonces rector aseguró que la institución morelense participó en un esquema legal, como una forma de financiar a la universidad.
La UAEM confirmo que desde el año pasado entregó toda la información que se le ha requerido para el deslinde de responsabilidades, pero el caso mancha la trayectoria de la Autónoma de Morelos y empaña sus destacados logros en materia académica y de investigación e incluso entorpece los esfuerzos para buscar financiación adicional para hacer frente a su pesado déficit.
El órgano federal de procuración de justicia tiene su propio ritmo, pero la tardanza en delimitar responsabilidades afecta a casi cincuenta mil personas, entre estudiantes, académicos y trabajadores administrativos y de confianza, por lo que bien merece hacer una excepción y ofrecer un panorama más claro, sobre todo cuando se negocia la sobrevivencia, en sus condiciones actuales, de toda la institución.
