Los concesionarios del transporte público, a través de sus dirigentes, consideran que en el gobierno anterior se emitieron - sin cumplir con los requisitos que marca la ley- al menos siete mil permisos ilegales para prestar ese servicio.
En teoría, solo los poseedores de una concesión pueden dedicarse a brindar servicio de transporte público, y la emisión de esas concesiones tienen un procedimiento detallado que solo puede iniciar el gobernador en turno.
Sin embargo, Graco Ramírez permitió que funcionarios menores a su servicio expidieran permisos de toda índole, a un costo que significó a los funcionarios corruptos encabezados por el entonces gobernador un elevado ingreso además de un beneficio político, pues condicionaron el uso de esos papeles a que se prestara apoyo al hijastro del Jefe del Ejecutivo cuando éste buscaba la gubernatura.
Los beneficiarios de esos documentos sin valor legal sabían lo que compraban pero aún pretenden convertirlos en concesiones.
Los vehículos de muchos de ellos -pero no los suficientes- han sido detenidos en el transcurso de los últimos meses, en una campaña que se requier4e sea permanente a fin de regresar a la legalidad un servicio público que de por sí es conflictivo y complicado.
