El nuevo edificio de la Fiscalía General de Justicia debió haber entrado en operación desde la administración anterior, pero por un asunto de dinero –todo en el gobierno de Graco Ramírez lo fue- recién apenas (y a penas) se termina, lo mismo que muchos más inmuebles y obras que quedaron inconclusas, porque el dinero programado para ese fin se desvío a los bolsillos de la familia gobernante.
El cierre de 2019 parece ser el momento en que los grandes rezagos originados en la distracción del dinero público hacen crisis. Todos los pagos pendientes –para cuya liquidación no se dejó ningún recursos- se han juntado para estas fechas.
Los responsables de tal situación tienen nombre y apellido y dejaron muchas huellas de su latrocinio, a pesar de lo cual permanecen impunes o sometidos a procesos que en el peor de los casos les deparan penalidades reducidas.
Mientras, los ciudadanos morelenses viven cada día más los efectos de esa conducta criminal, al quedarse sin los servicios públicos o las obras que se requieren porque el dinero se va a pagar las grandes cantidades desviadas por el anterior gobernador.
