El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística ya tenía varios años como un organismo inoperante, algo que afecta gravemente a los ciudadanos pero beneficia a las autoridades, porque impide el ejercicio del derecho a la información.
El IMIPE se había convertido en la tapadera de todo tipo de funcionarios que por ley están obligados a rendir cuentas de su actuación, pero ahora la única preocupación de dos de sus tres comisionados es cobrar el dinero que se les adeuda por el tiempo que no los dejaron tomar posesión de sus cargos.
Forzar a los sujetos obligados a hacer públicos los datos referentes al ejercicio del gasto público ya no es tarea de ese organismo, que desde hace tiempo era solo un sitio para asignar empleos y pagar con dinero público diversas comodidades a cambio de nada.
Es obvio que se requieren medidas drásticas para recuperar el IMIPE. La falta de efectividad de quienes lo integran quizá podría ser una causal para destituirlos, pero para eso se requiere de voluntad política
