Si no se toman medidas urgentes, el primero de enero los alcaldes que tomen posesión en muchos de los municipios morelenses deberán emplear su tiempo en defenderse jurídicamente de las sentencias que ordenan separarlos del cargo.

Aunque en su mayoría dichos alcaldes no habrá realizado ninguna acción, deben afrontar el enorme peso de cumplir con el pago de infinidad de laudos (sentencias en juicios laborales) que ya están firmes y de cuyo cumplimiento no se puede escapar.

Al inicio del trienio que dentro de unos meses concluye la deuda global por esa causa sumaba 500 millones de pesos, pero ahora – según el director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Enrique Alonso Plascencia- puede ser de 468 millones de pesos. Por supuesto que no tiene justificación. Las cifras son mareantes, pero ya es tiempo de que se encuentre una solución, porque los habitantes de cada uno de los municipios afectados pagan cada vez un precio más alto por se mal que fue producto de malas decisiones.