El presidente de Canacintra ha puesto otra vez en la escena el tema de la obligatoriedad del certificado de vacunación para acceder a sitios públicos.

Los opositores a la medida dicen que es discriminatoria, pero en realidad busca proteger el derecho a la salud de la población, al evitar contagios del coronavirus.

No se trata de que la vacunación sea obligatoria. Quien no quiera vacunarse que no lo haga, pero que esté consciente de que no tendrá la misma libertad de movimientos de quiénes sí decidieron inmunizarse para protegerse ellos mismos y a los demás.

Esa medida ya está en vigor en Francia y el Poder Judicial de esa nación la ha avalado, porque pone por encima el interés superior de la vida y la salud.

Quizá no somos una nación de primer mundo, pero por lo menos debe prevalecer el sentido común, ahora que la existencia de suficiente vacuna nos da la herramienta para escapar antes de una pandemia que ha paralizado el mundo y que seguirá su afectación a menos que se le corte de raíz y uno de los caminos para lograrlo es la inmunización a la que muchos se resisten.