El asunto de las pensiones y jubilaciones de quienes trabajan al servicio de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como en las administraciones municipales y los organismos descentralizados se ha convertido en un grave problema para la entidad, porque no existen recursos suficientes para cubrir esa obligación legal, pero a la vez hay problemas laterales igualmente importantes que no se han atendido.
Uno de ellos es la burocratización que existe en torno al derecho a obtener la prestación, que obliga a los interesados a largas esperas o a tener que buscar influencias o el pago de sobornos, al tiempo que a quienes no gozan del derecho se les ha concedido como premio.
La propuesta de crear un instituto que se encargue de realizar esos trámites para liberarlos de su carga política es buena, pero debe contemplar la gestión de los recursos destinados a ese concepto, incluido un incremento de las aportaciones de los futuros beneficiarios.
El problema es grave y ya no puede soslayarse más.
