Aunque no son las abultadas cifras de la LIII Legislatura, la anterior -la LIV- dejó diversos gastos que en una primera revisión parecen injustificados y dignos de ser llevados a proceso.
La cultura que ha llevado a aceptar la corrupción como algo natural puede hacer que la ciudadanía diga que “es poquito” el dinero que pudo haberse desviado, pues están lejos de las cantidades por las que se ha sometido a procesos Hortencia Figueroa Peralta y a Beatriz Vicera Alatriste, pero aunque sean 30 mil pesos no deja de ser un acto de corrupción.
Simplemente pagar por servicios que no fueron recibidos habla ya de un delito que no puede ser ignorado, aunque sea de un monto “reducido”.
El saqueo de cifras astronómicas realizado por el anterior gobierno estatal ha hecho perder la proporción de las cosas, cuando se trata del mismo delito. Perseguirlo es la única manera de acabar con la impunidad y de que ese tipo de hechos vuelvan a repetirse.
