La acción jurídica que un grupo de ciudadanos de Tetelcingo pretende llevar hasta la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha puesto de manifiesto algo que se sabe pero se pasa por alto: que la democracia en las comunidades origen indígena se excluye de la posibilidad de votar y ser votado a las mujeres, a los no originarios aunque residan por años en el lugar y a otros grupos poblacionales, a pesar de lo que señala la Constitución.
La exigencia de que deben imperar los usos y costumbres en ese tipo de lugares ha justificado semejante exclusión y ha dejado que el juego del poder se resuelva entre los grupos de toda la vida. Y eso no es democracia.
Por lo pronto, ya se ha puesto el dedo en la llaga y solo falta esperar a que los magistrados se pronuncien, para sabe si también en las comunidades indígenas hay posibilidad de ampliar las libertades democráticas o sí se valida la exclusión institucionalizada.
