Las dos ciudades más importantes de Morelos, Cuernavaca y Cuautla, enfrentan casi al mismo la realidad de tener que acatar sentencias judiciales que no resultan favorables al interés público, pero que deben acatarse, como consecuencia de los errores cometidos en un largo proceso.
El Ayuntamiento de Cuernavaca ha sido conminado a regresar la concesión de la recolección y el confinamiento de la basura a la empresa que fue despojada de forma intempestiva de la prestación de ese servicio.
Lo mismo ocurre en Cuautla con la concesión de unos parquímetros que han sido repudiados por los ciudadanos.
Las empresas beneficiadas recurrieron a los instrumentos que la ley creó para dirimir controversias y la determinación de la justicia debe acatarse, pero es necesario entender las lecciones de esta situación, sobre todo en Morelos, donde casi todos los aspectos de la vida pública han sido judicializados.
