Las “pensiones doradas” se han constituido en uno de los mayores insultos a la ciudadanía morelense. La aprobación de abultadas pensiones para los incondicionales de la administración estatal anterior provocó que los ciudadanos paguemos millones de pesos a varias decenas de personas sin escrúpulos que falsearon su documentación para aparentar que cumplían los requisitos de ley para recibir una prestación de por vida.

Con el mayor de los cinismos, aquellos que fueron diputados hace dos trienios -y que siguen impunes- aprovecharon el sistema de las citadas pensiones para beneficiar a sus mujeres y amigos.

Errores elementales cometidos en la legislatura anterior les han permitido salirse con la suya hasta la fecha, pero sorprende que a pesar del escándalo que rodea a ese tipo de operaciones haya gente que aún se atreva a intentar lograr el mismo beneficio y que haya autoridades municipales que se presten al juego. La única manera de disuadir esa conducta es aplicar una sanción severa a los infractores, pero algo así no aparece en el horizonte.