Demasiado costoso resulta para la entidad pagar una elevada pensión a más de 70 personas que en el gobierno anterior obtuvieron ese derecho mediante el uso de documentos falsos.
Amigos y familiares del gobernador Graco Ramírez y de los entonces diputados aprovecharon la euforia de la corrupción impune para beneficiarse en detrimento de quienes sí trabajaron el tiempo que exige la ley.
El sistema de pensiones de la burocracia estatal ha colapsado y la única manera en que aún se puede financiar es con recursos que originalmente estaban destinados al gasto corriente.
La inefectividad cómplice de la legislatura anterior para anular esas pensiones aumentó la carga presupuestal y la lentitud de todos los componentes del sistema estatal anticorrupción han hecho posible que ese desastre aún sobreviva.
Las pocas acciones en contra aún no han demostrado su efectividad y mientras tanto el erario debe erogar gruesas sumas de dinero para dar una muy buena vida a quienes efectivamente no se la merecen.
