El reclamo de los grupos feministas que ayer marcharon hacia la sede del Congreso local carecería de sentido si quienes integran el Poder Legislativo acataran la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ya que la interrupción del embarazo no debe criminalizarse. Es algo que dejó de estar sujeto a discusión y para lo que se requiere un simple trámite.

La Corte ha desideologizado el tema y varios estados del país han tomado cartas en el asunto y sin mayores consecuencias integraron la medida a sus leyes. Es algo muy simple que sin embargo no se realiza en Morelos.

Una actitud así implica responsabilidades, pero los mecanismos para exigirlas es tan complicado que da pie a la impunidad.

La entidad tiene demasiados asuntos verdaderamente importantes para discutir, pero ese ya no lo es porque quedó resuelto desde la máxima instancia.

Aprobar la medida no implica responsabilidades individuales ni colectivas, sino que es un simple acatamiento. Pero ni así se retiran los obstáculos.