La creación de normatividades que obligaban a los entes gubernamentales y a todos los organismos que reciben dinero público a transparentar sus acciones y la forma en que utilizan los recursos públicos constituyó un enorme avances social, que sin embargo fue rápidamente desmantelado desde el Congreso, primero con la colocación de consejeros afines en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y después con la simple fórmula de ignorar la ley, justo lo que pasa en la actual legislatura.
El Congreso local no es el único ente que incumple sus obligaciones de transparencia, pero los otros infractores difícilmente aceptarán las sanciones que les puedan aplicar si a los diputados nada les obliga a obedecer la ley.
Es un terrible mal usar el fuero para obtener impunidad, pero a esa situación no se le ve fin.
