La decisión del Congreso local de dejar sin recursos para obras públicas a la mayor parte de los municipios de Morelos no es un castigo para los alcaldes sino para los ciudadanos a los que gobiernan.
Las obras públicas son una de las maneras de redistribución de la riqueza y los municipios marginados quedan al margen de esa posibilidad.
El secretario de Gobierno anunció que el Poder Ejecutivo gestiona ante el gobierno federal la obtención de recursos adicionales para destinarlos a los ayuntamientos indebidamente castigados por los legisladores del llamado G-15.
Pero la población perjudicada debe tomar en cuenta a sus representantes populares y ejercer el voto razonado en los próximos comicios.
Deben saber que sus propios representantes populares votaron por mantenerlos al margen de los beneficios, para que el electorado actúe en consecuencia.
