Los partidos políticos en Morelos, casi sin excepción, se han destacado por intentar burlar la ley a la hora de buscar el beneficio de sus directivos, allegados o favorecidos.

Todavía en los comicios pasados fueron electos varios de quienes se hicieron pasar por indígenas o integrantes de la comunidad lésbico gay y sus variantes y cobran recursos públicos que estaban destinados a auténticos integrantes de esos grupos minoritarios.

Por todo eso no sorprende que la paridad sustantiva esté lejos de ser incluida en los estatutos de los partidos, que se gobiernan por criterios que nada tienen que ver con la ideología o el bien común y sí con el saqueo de los recursos públicos.

Armonizar derechos y cumplir con la ley resultan, entonces, secundarios.