Finalmente, las indecorosas intenciones de quienes manejan el Congreso a través de los votos del llamado G-15 han logrado atraer la atención nacional.
México A.C., Justicia Transicional en México (JTMX), México Evalúa, Designaciones Públicas, Observatorio Ciudadano, Instituto de Justicia Procesal Penal, Justicia Pro Persona, A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Magistrada Ya, Impunidad Cero, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), BORDE, Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Seminario de Justicia y Paz, México SOS, México SOS Cuernavaca, y Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas A.C. han coincidido en reclamar al Poder Legislativo que “dotar de transparencia este proceso (para elegir a diez magistrados) o bien, suspenderlo para organizar uno nuevo que garantice transparencia, criterios de evaluación objetivos, con el fin de que las personas designadas respondan a las necesidades de impartición de justicia del estado”.
Al mismo tiempo los diputados se han puesto en la mira de uno de los órganos de procuración de justicia, que investiga las denuncias por la posible venta de las magistraturas.
Finalmente están en el lugar que merecen y caminan derecho a un largo periodo de persecución judicial por sus actos presumiblemente delictivos.
No merecen menos que eso.
