Un rezago de más de mil solicitudes de jubilación o pensión de trabajadores de los distintos poderes o de organismos públicos se acumula en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso y es apenas uno de los muchos motivos de alarma de esta Legislatura.
Por motivos que no se han explicado, el derecho constitucional de los trabajadores solicitantes ha sido conculcado. Quizá no por casualidad la titularidad de la comisión responsable del grave atraso recae en la misma persona que en la Legislatura anterior.
El problema es que el inicio del ciclo electoral pondrá otras prioridades y el rezago podría extenderse por lo menos hasta el fin del ciclo parlamentario actual.
Los diputados que desde ahora buscan el voto popular deberían pensar en la pertinencia de sus actos, sobre todo por tantas cosas que de ellos se ha hecho público y que está debidamente comprobado.
