Las familias de víctimas de delitos, principalmente de desapariciones, viven su particular proceso, de lucha y de búsqueda de resultados ante instancias oficiales.
Ante el desamparo de autoridades federales, colectivos no dejan de organizarse con sus propios medios para continuar sus indagaciones, en un laberinto en el que son insuficientes los mecanismos periciales de búsqueda y las líneas de acción de instituciones.
Los denunciantes sólo se han enfrentado a oídos sordos en su incansable lucha. En tiempos de promesas de campaña, vale esperar alguna respuesta a reclamos muy legítimos.
