Un aseado proceso jurídico y legislativo deberá abrir la puerta a la salida del actual titular de la Fiscalía General del Estado.
La institución no responde al clamor generalizado de combate a la impunidad y esclarecimiento de un número incontable de asuntos que lastiman a familias morelenses y que se pierden en el archivo por múltiples factores que la Fiscalía no es capaz de acometer.
El fiscal estatal ha dejado de rendir cuentas ante el Congreso local (ante un Pleno legislativo aliado); y la sociedad sigue inmersa en una ausencia de procuración de justicia en medio de intereses mezquinos que desestabilizan instituciones y desafían, incluso, el sano acaecer público.
