La extorsión daña a muchas familias mexicanas y el fenómeno no es contenido por las instituciones de seguridad.

Es desde las leyes, aunado al llamado a la denuncia, que se hace un esfuerzo por minar las magnitudes que alcanza el delito en algunas regiones del estado.

Penas más severas para los responsables es un paso en una necesaria estrategia para atacar desde la raíz un ilícito que desgasta la cohesión social y que no se puede consentir.