Organismos autónomos y partidos políticos son exhibidos por el uso discrecional de recursos, ante el atraso en los sistemas de fiscalización y la falta de mecanismos para inhibir prácticas inmorales y que se traducen en atropellos, como la falta de pensiones que padece un grupo de trabajadores en retiro de la Fiscalía General del Estado.
Las sanciones económicas resultan irrisorias para los institutos políticos, mientras que la Fiscalía transita en la nula rendición de cuentas, con la complicidad de la actual Legislatura estatal.
La incertidumbre en el régimen de pensiones y jubilaciones, aunado a las argucias de las que se valen instituciones para negar a trabajadores derechos elementales, tienen sometido al empleado que entregó su vida al servicio público, que sólo recibe “una patada” al final del ciclo.
