Varios días lleva dirimiéndose en la escena pública la controversia por la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en la que, por un lado, se acusa al gobierno federal de pretender controlar cerca de 2.4 billones de pesos, producto del ahorro de los derechohabientes; y por el otro, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que se busca terminar con actos de corrupción en el Instituto y quitar los candados que impiden la práctica de auditorías sobre el manejo de los recursos.

Ayer, el propio director de la institución, Octavio Romero Oropeza, rechazó las acusaciones de los opositores a la reforma y refrendó que se respetará el tripartismo en los órganos de gobierno, lo que hace que éste no sea el que decide sobre los recursos. Pero fue más allá y expuso un esquema de corrupción que tienen identificado en el que operan desde funcionarios del propio Infonavit, hasta notarios de varias entidades del país, despachos de valuación y peritos valuadores, que habrían vendido hasta cuatro veces un bien inmueble.

En una de las láminas que proyectó se aludía a Morelos, donde supuestamente tienen identificados 10 inmuebles con los que se hicieron hasta 62 operaciones, y eso que –afirmó– aún les falta revisar las cosas a detalle en la entidad.