El nombramiento de sus actuales consejeros (y de sus predecesores) con criterios únicamente partidistas impidió que se colocará a personas con el perfil adecuado a esos cargos, lo que de por sí es grave, pero además pronto demostraron que su principal encomienda era impedir que el ciudadano tenga acceso al a información pública que debería estar disponible.
Diversos ejercicios en el cumplimiento del derecho a la información permitió acumular a lo largo de meses las pruebas suficientes como para sostener los señalamientos que hoy se hacen.
El IMIPE hace tiempo que dejó de ser una institución de interés público para convertirse en una bolsa de trabajo en la que los partidos políticos se despacharon a su antojo.
