Es innegable que se requieren mejores controles para dar seguridad a los usuarios del transporte público, pero cobrar a los destinatarios de los controles no se antoja la mejor idea.

Lo mismo se aplica al hecho de que ahora se volvió al viejo esquema de que las alcaldías paguen los exámenes de control de confianza de sus policías, como en el sexenio anterior, cuando se obligaba a los mismos agentes pagarlos de su bolsa.

Por lo pronto, sólo resta esperar la reacción de los destinatarios de una medida que probablemente no se ha presentado de la forma más adecuada si se quisiera favorecer el interés público.