Es tan grave la muerte violenta de una mujer como de 600, pero el Instituto de la Mujer parece entender que su misión es otra y no la que le marca la ley.

Es obvio que hace falta mucho por hacer, pero lo que se requiere es la certeza de que se cumplen los programas públicos y no que se quiera dar esa falsa seguridad de cifras que (cualquiera que sea el número) demuestran carencias para garantizar una vida libre e violencia a la mujer y a los ciudadanos en general.