Ayer, en diferentes lugares, grupos de taxistas detuvieron –sin disponer de atribuciones, por supuesto– a al menos dos vehículos privados. La Secretaría de Movilidad y Transporte convalidó esa acción, encaminada a sacar de circulación a los autos utilizados por la empresa Uber para dar servicio de transporte.
Sin embargo, la misma secretaría permite que cientos, quizá miles de autos particulares brinden servicio de taxi con permisos oficiales pero sin la concesión respectiva.
Eso indica claramente que hay dos pesas y dos medidas. Por eso es tan común que grupos interesados de cualquier tipo conculquen con toda confianza el derecho ciudadano al libre tránsito o incurran en conductas que pueden derivar en delitos.
