La propuesta para castigar a los funcionarios que obstaculicen el combate al feminicidio difícilmente mejorará las cosas, pero al menos ha servido para mostrar la realidad que las autoridades estatales quieren ocultar.

Mientras tanto, esa realidad se traduce en más de una docena de mujeres asesinadas desde que se decretó la alerta de "violencia de genero", cuyas disposiciones el gobernador se ha negado a aplicar de manera efectiva.

Eso significa que sus manos están manchadas por la sangre de las mujeres que han muerto a partir de que esa medida entró en vigor. Y no son pocas.