El reclamo de esas marchas es contra el gobierno federal y tienen que ver con la aplicación de la reforma educativa, especialmente por el despido de 25 profesores de la entidad.
Sin embargo, la falta de credibilidad de las autoridades locales les impide mediar en nombre de los terceros perjudicados (el resto de la población) a fin de minimizar los daños o para buscar otras formas de reclamo.
Y eso que ocurre en los conflictos magisteriales pasa en casi cualquier tema social que se toque: los encargados de velar por la paz pública carecen de calidad moral -lo han demostrado demasiadas veces- para dirimir los conflictos.
Y a esta situación no se llegó repentinamente, sino que es consecuencia de los reiterados incumplimientos de promesas y pactos firmados.
Los mecanismos institucionales que podrían ayudar a rectificar ese triste escenario lamentablemente están en manos del gobernador, por lo que no hay fecha para que las cosas mejoren y mientras la descomposición social seguirá.
