Eso obliga a pensar en la creación de un escenario complementario que dé gobernabilidad y preserve las prácticas democráticas, a fin de que los futuros municipios no caigan en menos de los caciques que ya hoy controlan los recursos de sus comunidades y cierran el paso a cualquier representación diferente a la suya.

Más que una cuestión cultural, la vigencia de los llamados "usos y costumbres" fue una concesión de los gobiernos priistas a los grupos que controlaban ciertas comunidades, por lo que nada bueno puede salir de allí si no se les obliga a adoptar una serie de disposiciones mínimas que garanticen los derechos de los gobernados por los futuros cabildos.