Tal es el caso del conflicto permanente entre la autoridad y quienes practican el comercio ambulante, no sólo en Cuernavaca sino en prácticamente cualquier municipio de la entidad.
Así se trate de un sólo individuo, cuando la autoridad tiene la intención de dejar algún espacio público libre del comercio informal surgen reclamos que obligan a desgastantes negociaciones, muchas veces desproporcionadas al beneficio que se puede lograr con el plan original.
El interés colectivo, el beneficio para las mayorías, queda subordinado a los beneficios que grupos minoritarios consideran como derecho.
Ese tipo de conflictos deberían resolverse en los terrenos de la justicia administrativa, que puede poner a salvo los derechos de los individuos injustamente afectados, pero en lugar de eso se recurre a la confrontación y a la presión política, que tan buen resultado ha dado a sus promotores, en menoscabo del resto de la ciudadanía.
