Mientras el Movimiento Magisterial de Bases -a través de sus representantes, varios de ellos jubilados y, por lo mismo inmunes a ese proceso- llama una y otra vez a sus compañeros a incumplir con la evaluación, las autoridades reiteran las consecuencias de no hacerlo.

Aunque se trata en apariencia de un problema gremial, la trascendencia de la educación pública hace que esas inconformidades pronto se conviertan en protestas sociales que afectan a todos.

Pero todo puede prevenirse, sobre todo los sobresaltos a los afectados directamente, si se cumple con la normatividad, por lo menos hasta en tanto las negociaciones al más alto nivel en contra de la reforma educativa logren modificar las disposiciones que hoy se protestan pero que siguen vigentes.