Bueno, el conflicto la ha llevado ya a enfrentar una serie de inconvenientes, como el que dispone de tres líneas de crédito que la obligan a vivir con mil 200 pesos al mes, lo que le resta de su salario luego de las deducciones que le hacen en nómina.
Pero además, como ya hemos dicho, sigue siendo el otro quien tiene el reconocimiento oficial por mantener la “toma de nota” que otorga el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA). Es decir, que Hernán López es el que continúa administrando las cuotas sindicales y tomando las decisiones oficiales del sindicato.
Y no obstante que Argelia presiona ante el tribunal que la reconozca como la nueva líder, todo lleva a pensar que no sucederá de esa manera, porque Daniel viene recuperando terreno, precisamente porque es quien sigue entregando apoyos, como en el caso de despensas o resolviendo gestiones de los agremiados, cosa que ella no puede hacer, porque no está reconocida oficialmente.
RECHAZO A MINERAS
En otro asunto, ayer, habitantes de algunas comunidades del sur del estado, entre ellas, Alpuyeca, Tetlama y de la cabecera municipal de Miacatlán, reiteraron su rechazo al intento de la minera canadiense Álamos Gold de seguir trabajando en la extracción de metales preciosos en los cerros de El Jumil y Colotepec.
Incorporados en el Movimiento morelense contra concesiones de minería a tajo abierto, Antonio Camacho y otros activistas sostuvieron que los empresarios buscan, mediante la compra de firmas por 300 pesos, conseguir el apoyo de los pueblos para seguir adelante en sus proyectos.
Van por la exploración en nueve áreas más de la extracción de oro, plata, antimonio y arsénico, vía siete concesiones que contemplan 15 mil hectáreas en aquella zona. Recordaron las graves consecuencias de contaminación atmosférica y subterránea que provocaría envenenamiento del aire y el suelo, sobre todo en mantos freáticos.
Del 28 al 30 de julio estarán en un encuentro nacional en Miacatlán, en donde se harán acuerdos para fortalecer la resistencia y la lucha en contra de los intentos de despojo que se pretenden a fin de lograr beneficios sólo para un grupo de pudientes con apoyo en el gobierno federal.