Los afectados reaccionaron e interpusieron los recursos legales respectivos, a fin de lograr la anulación del mismo, considerándolo improcedente y en ese litigio los tribunales federales concedieron el amparo a los quejosos y decretaron que las cosas se mantuvieran como estaban, hasta que se definiera la situación legal.

Sin embargo, el titular de la SDS, acompañado por unos 100 elementos policiacos, se presentó en el lugar, destruyó construcciones, derribó cercas y agredió a quienes ahí se encontraban, en una clara violación al artículo 209 de la Ley de Amparo, razón por la que los comuneros volvieron a recurrir a las instancias competentes.

El asesor legal de los mismos, quien pidió se omitiera su nombre, dijo que entre las evidencias de la violación perpetrada por el funcionario se agregaron algunos reportes periodísticos, uno de ellos, de esta casa editorial. Señaló que en su respuesta por escrito ante el juzgado, Topiltzin Contreras arremetió contra los medios, acusándolos de difamadores, distorsionadores de la verdad y de conducirse por intereses.

No obstante, agregó el abogado, “finalmente le pudimos demostrar que violó la ley y eso pudiera incluso llevar a la destitución del secretario de Desarrollo Sustentable, porque así lo contempla la norma”.

SAN RAMÓN, DONADO A ASOCIACIÓN; AHORA VAN POR EL TEXCAL

Y en otro asunto igualmente delicado, un grupo de ex empleados del balneario San Ramón confirmó lo que se venía especulando, que el bien, constituido en un fideicomiso que administraba el estado, fue donado a una asociación civil.

Se trata de una extensión de 100 hectáreas consideradas bien federal y en cuyo traslado se estaría cometiendo una irregularidad, porque son recursos de la nación. Pero también advirtieron que ya se vienen haciendo movimientos a fin de hacer lo propio en lo referente al parque ecológico de El Texcal y 50 hectáreas más al fondo.

Sostuvieron que hay negociaciones con un consorcio que se estaría quedando a cargo de esas instalaciones, en una especie de concesión de explotación, pero la idea es ir segregando toda la infraestructura a fin de que quede en manos de la iniciativa privada.