Desde la mañana, el recinto legislativo estaba tomado por trabajadores sindicalizados de los tres poderes de Gobierno que se oponían a la reforma al Instituto de Crédito, pero eso que parecía ser una desventaja, se convirtió en la justificación perfecta para sesionar en una “sede alterna” donde nadie se enterara de lo que estaban haciendo.
Así, los diputados fueron citados en la oficina del diputado Jaime Álvarez Cisneros, en la colonia Acapantzingo. Ahí fueron llegando por grupo o de manera individual, sin saber todavía la ubicación del recinto provisional.
Alrededor de las 19 horas llegaron las camionetas Sprinter, cinco en total, para que los diputados pudieran trasladarse al lugar que, hasta ese momento, era secreto. “Nos subimos sin saber a dónde nos llevaban; pensamos que quizás iríamos al World Trade Center de Xochitepec, o quizás a otro municipio, pero no. Las camionetas llegaron hasta las instalaciones del Congreso en la calle de Cataluña, en Paseo del Conquistador”, confió un legislador.
La casa que el Congreso utiliza para diversos eventos estaba “sitiada” por policías del Mando Único equipados con equipo antimotines.
Ahí, en la puerta, estaba el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino, quien recibió uno a uno a los diputados. Nadie más podía pasar.
A las ocho de la noche dio comienzo la peculiar sesión legislativa, en una sede improvisada, pero sobre todo con unos diputados sin teléfonos celulares, sin asesores, sin auxiliares ni material de apoyo sobre lo que iban a aprobar.
La sesión concluyó a las tres de la mañana del 15 de julio y los 30 diputados se retiraron a sus casas, algunos custodiados por policías. Afortunadamente para ellos, los manifestantes se cansaron y se fueron, pero de haber permanecido los trabajadores del Congreso ya habían abierto un boquete en la barda para que los legisladores pudieran salir por la parte trasera de la Casa Cataluña.
Al otro día la oficina de Comunicación Social del Congreso dijo no tener información para hacer sus acostumbrados boletines sobre el resultado de la sesión. Ningún diputado tuvo actividades públicas.
Incluso, se canceló una sesión solemne donde se haría entrega de las preseas “Antonio Soto y Gama” a distinguidos abogados, y también la conmemoración del 147 Aniversario del primer Congreso Constituyente, que tradicionalmente se realiza con una sesión solemne en el municipio de Yautepec.
Fue hasta el 21 de julio de 2016, al publicarse el periódico oficial “Tierra y Libertad”, cuando se conoció a ciencia cierta lo que habían aprobado los 30 diputados esa noche.
El 26 de julio, El Financiero publicó una nota según la cual, “Manuel Nava Amores, el único diputado de Morena en el Congreso de Morelos, fue acusado de recibir una “dádiva” de al menos tres millones de pesos a cambio de aprobar un nuevo crédito al gobernador de la entidad, Graco Ramírez”.
De acuerdo con Gerardo Becerra, en aquel entonces líder de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, “para esta sesión, en la que se aprobaron los 750 millones de deuda, se creó una bolsa del 10 por ciento de ese monto, misma que fue repartida entre los diputados que aprobaron el crédito, por lo que a cada uno le tocaron alrededor de tres millones de pesos”.
Ninguno de los 30 diputados, ni siquiera el aludido Nava Amores, pidió a El Financiero desmentir la nota.
Ese es el verdadero negocio de los diputados y no las tonterías que pretende demandarle la Fiscalía Anticorrupción a las ex diputadas Hortencia Figueroa, Beatriz Vicera, así como a la ex directora de administración, Patricia Bandera, en la carpeta JC/323/2019 por el Delito de Peculado.
Están tan seguras de que no prosperarán, que el mismo viernes ya estaba Hortencia Figueroa en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya para darse por notificada del citatorio que le envía el Poder Judicial para la audiencia de Formulación de Imputación que pidió la Fiscalía y que está programada para este viernes 29 a las 8:30 horas.
Como dice la chaviza: “Se les van a ir riendo”.
APUNTES.- La senadora Lucía Meza niega rotundamente ser “la mano que mece la cuna” en el Ayuntamiento de Cuautla que encabeza Jesús Corona Damián, pero lo cierto es que en la nómina municipal aparecen los siguientes nombres: Ricardo Robledo (esposo); Sergio Raymundo Soriano Meza (sobrino); Verónica Robledo Chávez (cuñada); Ximena Meza, (sobrina); y Hugo Vargas Ángeles (ex colaborador).
Y si no es ella, entonces es José Antonio Albarrán Contreras, que se ufanaba de ser el cerebro de Manolo Agüero Tovar, y quien ocupó el cargo de secretario de Obras Públicas y después alcalde interino durante la campaña.
Inexplicablemente el arquitecto y propietario de varias empresas constructoras (algunas a su nombre, otras con prestanombres), logró enquistarse en el equipo de Jesús Corona, un hombre que carece de los conocimientos necesarios para llevar las riendas de un municipio (su ficha personal dice: grado máximo de estudios Secundaria), pero que todos los sábados agarra su escoba y se pone a barrer algunas calles de la heroica ciudad. Eso es lo suyo.
El alcalde es tan sencillo que está feliz porque por fin logrará uno de sus sueños: conocer en persona a los integrantes del grupo “Los Ángeles Azules”, a quienes siempre ha admirado. Para ello, tomará del erario poco más de un millón de pesos para pagar los gastos de contratación.
Si el ex gobernador Graco Ramírez tomó 10 millones de pesos para cumplirle una promesa que le hizo a su esposa para que Plácido Domingo le viniera a cantar en persona, cuánto puede costar que vengan “Los Ángeles Azules” a Cuautla y hacer feliz al alcalde.
HASTA MAÑANA.
