Al concluir el sexenio de Marco Adame Castillo, los panistas se quedaron con las ganas de vender concesiones de taxis que les permitiera recabar dinero para gastarlo en las elecciones. Uno de los que estuvieron en esa frustrada operación como director del Transporte fue el pastor cristiano David Gómez Basilio, quien tuvo contacto con el entonces candidato del PRD al gobierno de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu.
El ministro de culto lo convenció de que le volvieran a dar el control del transporte en el nuevo gobierno y él se encargaría de convencer a los líderes para que aceptaran una nueva repartición de concesiones.
Esa operación tendría dos objetivos: ingresos a razón de 25 mil pesos por concesión, y votos para el Partido de la Revolución Democrática en los comicios de junio del 2015.
Adicionalmente, consiguió que los líderes que se verían beneficiados en lugar de aportar dinero en efectivo lo hicieran en especie, entregando en donación a la Secretaría del Transporte vehículos (Jettas para ser más exactos) que serían utilizados como patrullas de supervisión.
A cambio de ello, “el cordero de Dios” sólo pedía que le fuera concedida una magistratura que le permitiera vivir cómodamente el resto de sus días.
El trato se cumplió y (a pesar de estar impedido legalmente por ser ministro de culto) David Gómez Basilio se hizo cargo de la nueva Secretaría de Movilidad y Transporte, desde donde servilmente se prestó a todas las marrullerías que le encargaba su patrón Graco Ramírez, traicionando incluso a personas que lo ayudaron cuando era un simple catedrático de la Facultad de Derecho.
Así, el primero de enero del 2013, (un día inhábil en el que a nadie se le ocurre revisar el periódico oficial Tierra y Libertad) se publicó el acuerdo mediante el cual se anuncia de manera unilateral que se van a “regularizar” taxis que ya vienen prestando el servicio desde antes.
Para los conocedores del Derecho, el “acuerdo” es un verdadero mamotreto que no tiene pies ni cabeza, ilegal a todas luces.
Perdida entre otras disposiciones legales, aparece el texto (que no es un decreto) en el que se menciona que “no obstante las acciones implementadas y que resultan efectivas para cerrar filas en contra de la delincuencia, existen vehículos del transporte público con y sin itinerario fijo en la referida zona metropolitana del Estado, comprendida por los Municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, respectivamente; que tiempo atrás han venido prestando el servicio público de pasajeros sin contar con la concesión correspondiente; no obstante eso, su labor y su existencia son del conocimiento público, puesto a que representan el sustento de muchas familias y satisfacen la necesidad de transporte de la población”.
Y termina diciendo que “con base en los antecedentes que preceden, resulta por demás necesario emitir el presente Acuerdo, por el que se instruye a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal, para que proceda de manera inmediata atendiendo a los estudios de factibilidad respectivos, a los censos y a la necesidad misma de los grupos más vulnerables de nuestro Estado, a regularizar en términos de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, al transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, exclusivamente en la zona metropolitana conformada por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, del Estado de Morelos; debiendo de asumir los directamente beneficiados, el compromiso de prestar el servicio público de pasajeros, bajo los lineamientos que al efecto establece la referida Ley de la materia”.
Como se puede observar, menciona a taxis y rutas pero nunca dice cuántas concesiones se van a otorgar. Tampoco dice los requisitos específicos para obtener dichas concesiones, y jamás menciona a la Comisión Estatal del Transporte, que se supone es un órgano colegiado que se encarga de analizar las necesidades en este rubro.
Y es que de lo único que se trataba, era de dar el pretexto legal para la expedición de concesiones sin más requisito que el depósito de 25 mil pesos con recibo.
Todo iba bien. Incluso ya los sempiternos líderes del transporte habían aceptado que se regularizaran los taxis “piratas” de Víctor Manuel Mata Alarcón que tanto han criticado, a cambio de algunas docenas de concesiones para sus organizaciones.
También, el pastor cristiano David Gómez Basilio dio por terminado su trabajo y se le asignó un puesto bien remunerado y fuera de todo escenario como asesor del gobernador mientras se desocupaba su magistratura del Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde ya tenía el nombramiento como suplente pero un amparo promovido por el titular, Orlando Aguilar Lozano le impidió asumir el cargo.
En su lugar llegó Manuel Santiago Quijano, un miembro más de la “legión extranjera” que llegó con Graco Ramírez, arquitecto de profesión y ex funcionario del Gobierno del Distrito Federal.
Quijano no supo darle continuidad al proyecto iniciado por el pastor cristiano. Los vehículos que donarían los líderes beneficiados con concesiones nunca llegaron y dinero en efectivo tampoco.
Para colmo, el proyecto político-electoral tampoco dio resultados, pues si bien el día de la elección cientos de taxis estuvieron prestos a llevar votantes a sufragar por el candidato del PRD-Gobierno a la presidencia municipal, Jorge Messeguer, al conocerse los resultados se pudo llegar a la conclusión de que ni siquiera los beneficiados con concesiones votaron por él.
Hoy el pastor David Gómez Basilio está desaparecido de la escena política, quizás siga predicando la palabra de Dios en uno o varios de los templos en los que aparece como representante legal.
HASTA MAÑANA
