Publicado en Estrategias Jueves, 04 Abril 2019 05:31

La “horrible, espantosa”… y cara, Ciudad Judicial de Atlacholoaya

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Los abogados que han visitado los tribunales de Querétaro o la Ciudad Judicial de Puebla llegan a Morelos esperando encontrar unas instalaciones si no lujosas sí dignas en “la ciudad judicial que recientemente construyó Graco Ramírez”.

Pero lo que se encuentran es una “horrible, espantosa” (adjetivos acuñados por el torpe edil de Ahome, Sinaloa, al referirse a la obesidad de una niña) edificación que alberga a los juzgados de control y juicios orales del primer distrito judicial con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec.

Es una mole de concreto, fierro y madera que no solamente es fea, sino disfuncional. La sala de espera más bien parece una terminal de autobuses por el tipo de asientos de metal que pusieron y por las paredes desnudas, con un color gris y unos hoyos que muestran que se trata de grandes blocks como los que utilizan para construir cárceles.

En el techo se pueden observar las canaletas de alambrón por donde van los cables de energía eléctrica y fibra óptica, y sólo en algunas partes hay pedazos de plafón blanco.

En el piso hay contactos o enchufes, lo que aprovechan muy bien los abogados para recargar sus teléfonos o tabletas, pero dan un aspecto horrible los aparatos tirados en el piso. Entrando a la izquierda hay un pasillo que dice “Cafetería”, pero no hay más que un pasillo con piso de cemento y una pieza grande en lo que se supone que alguna vez será una cafetería.

Absurdamente hay un espacio destinado para estacionamiento, pero está vacío. Los visitantes tienen que ocupar el área que está debajo de las torres de alta tensión, sobre el terregal, donde también se levantan algunas chozas donde antes vendían comida, pero hoy están abandonadas. 

¿Cuánto pudo haber costado esta mole de cemento?

Según el proyecto original costó 64 millones y lo hizo la Secretaría de Obras Públicas con recursos del Poder Judicial, como se estiló durante todo el sexenio de Graco Ramírez. Es decir, la oficina a cargo de Patricia Izquierdo decidía qué empresa constructora lo hacía y disponía de los recursos de las diferentes dependencias. Así lo hizo con la nueva sede del Congreso, con las instalaciones de la Fiscalía (aún no entregadas), y el Tribunal de Justicia para Adolescentes, pero en todos los casos se acabó el sexenio y las obras no fueron entregadas porque no les terminaron de pagar. También, en todos los casos se acordó un precio y éste fue aumentando a medida que avanzaba la obra, por lo que al final ya no se supo cuánto costó.

Según el expediente, amparado bajo en contrato SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-058/2016, "sobre la cual en seguimiento derivado del recorrido realizado a las instalaciones se realizó un levantamiento de vicios detectados, destacando los siguientes":

Humedades en puente de cristal (acceso a jueces ), incorrecta aplicación de impermeabilizante, algunas luminarias y contactos no colocados correctamente, canalización de cables no colocados correctamente; planta de emergencia necesita correcciones, débil fijamiento de poste metálico en azotea y filtraciones y humedades en diferentes áreas y hasta la falta de entrega de planos”.

El proyecto dice que el edificio deberá tener una forma circular construido en 3 mil 642 metros cuadrados; ocupará 3 niveles, áreas verdes y estacionamiento; contará con juzgados de control y juicio oral del Primer Distrito Judicial: 2 salas de Juicios Orales, 3 salas de Primera Instancia y 2 de Segunda Instancia con una ocupación para 34 personas, oficinas de testigo protegido, psicólogo, cuarto de grabación, separos, entre otras.

Si se le quiere encontrar una ventaja a la mal llamada “ciudad judicial”,  ésta es que, al encontrarse la edificación junto al Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO), los imputados no tienen que ser trasladados a bordo de camionetas, sino por un acceso interno.

Anteriormente, cuando las audiencias de juicio oral se llevaban a cabo en el edificio de Morrow, en pleno centro de la ciudad, se violaba sistemáticamente la ley cuando el juez ordenaba la inmediata y absoluta libertad de un acusado, pero éste tenía que ser regresado a Atlacholoaya para cumplir con los trámites administrativos y a veces se tardaban hasta seis horas en hacer efectiva la libertad.

Y bueno, habrá que reconocer que los familiares de los detenidos están mucho más cómodos en estas butacas de terminal camionera, que en la angosta banqueta de la calle Morrow. Pero hay que recordar que ese edificio fue adquirido por el Consejo de la Judicatura, en aquel tiempo presidido por Ricardo Rosas Pérez, a pesar de que no cumplía con las condiciones necesarias para albergar juzgados penales. De puro milagro no hubo muertos en las variadas ocasiones en que se escaparon reos y fueron recapturados en las calles cercanas.

Por cierto, en nuestra visita ayer a la ciudad judicial de Atlacholoya pudimos constatar que la pantalla donde tendrían que estar anotados todos los juicios con sus respectivas partes involucradas y los delitos que están siendo ventilados, NO ESTABA FUNCIONANDO.

Lo anterior tiene relación con un escrito dirigido al Consejo de la Judicatura con fecha 5 de febrero del presente, en el que un periodista judicial independiente solicita “tener acceso a la agenda de las audiencias judiciales de todos los juzgados del estado para cumplir con mi labor de informar a la sociedad”.

Y con fecha 20 de febrero, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y al mismo tiempo presidenta de la Comisión nombrada por el Pleno del TSJ (o sea, el Consejo de la Judicatura pero sin representantes de otros Poderes), informa que “por unanimidad de votos la Comisión acuerda que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en materia de audiencias de juicios orales ha cumplido en todo momento con el Principio de Publicidad, publicando en las pantallas establecidas al interior de los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, ubicados en los municipios de Xochitepec, Cuautla y Jojutla, las audiencias agendadas para el día, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general”.

“…Bajo dicho razonamiento, esta comisión determina que no ha lugar a la petición del solicitante, considerando que en ningún momento se ha restringido el acceso a la información establecida por ley, así como tampoco ha sido violentado ningún otro derecho al cual hace alusión”.

Con un órgano así,  que se cierra a cualquier otra verdad que no sea la suya, no hay muchas esperanzas de que el derecho a la información se respete plenamente.

HASTA MAÑANA.

 

 

Modificado por última vez en Jueves, 04 Abril 2019 11:36
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