La mujer ya entrada en años mandó llamar a la adolescente que hacía las veces de sirvienta y le dijo al hombre que esperaba en la puerta: “No tengo los 80 mil pesos que me prestaste, pero aquí está ésta muchacha, a cambio de lo que te debo”. El acreedor dijo que era una menor de edad, que no quería problemas con la Ley, y se retiró.
Lo anterior no es parte de una novela ni el guion de una película de Alfonso Cuarón, sino parte de una carpeta de investigación, la SC01/2815/09, derivada de hechos reales que ocurrieron en el municipio de Tepoztlán, hace una década.
Fue la disputa legal por la patria potestad de dos niños, uno de cuatro y otro de tres años de edad, hijos de una adolescente de nombre Sandy, indígena de Tepoztlán, en la que se vieron involucrados los tres poderes del estado, mismos que mandaron a sus mejores abogados a litigar el asunto.
Siendo menor de edad, Sandy entró a trabajar con la señora Petra Alvarado, propietaria de una tienda en el municipio de Tepoztlán y una especie de bar.
"Al principio sí me pagaba, me regresaba a mi casa, pero después ya no me dejaba ir y no me quería pagar, máximo me daba 200 pesos cada ocho días, y cuando yo me quería escapar no me dejaba, me amenazaba, que no me fuera porque me iba a matar", declaró la joven indígena.
La empleada doméstica, todavía no cumplía los 18 años cuando quedó embarazada del hijo de su patrona, David Piedra Alvarado, y no sólo una vez, sino dos veces.
Tenía 16 años cuando Petra Alvarado la intentó vender con uno de sus acreedores. "Llegó un señor de San Juan (Tepoztlán), a cobrar 80 mil pesos, pero la señora no tenía dinero y me mandó llamar y le dijo no tengo dinero, le doy a esta muchacha a cambio de lo que le debo", explicó la joven a las autoridades.
El acreedor se resistió a recibirla como pago, para evitarse problemas, y ante ese intento de venderla Sandy tomó a sus dos hijos y abandonó la casa de doña Petra.
Sin embargo, narró que mientras ella fue a buscar algo para darle de comer a los niños, su patrona llegó a la casa de la familia donde los dejó encargados y se los llevó.
Luego de buscarlos durante días, se enteró de que Petra Alvarado los llevó a un orfanato que se encuentra en Tepoztlán (Casa Eugenia) diciendo que los había encontrado en la calle, y de ahí los canalizan al DIF estatal.
La madre de los dos menores aseguró que intentó recuperar a sus hijos, pero en el DIF no le permitían siquiera entrar a las oficinas del albergue donde los tenían, hasta que un día le informaron que los habían dado en adopción.
En este ir y venir Sandy conoce a Susana Díaz, de la Comisión de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, quien a su vez la contacta con el entonces diputado local Fidel Demédicis Hidalgo.
A partir de su intervención, el asunto avanza a pasos agigantados y además salen a relucir presuntas irregularidades en el proceso de adopción por parte del DIF Estatal, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el Juzgado Octavo de lo Familiar y la Dirección Estatal del Registro Civil.
Por ejemplo, la Procuraduría del Menor y la Familia ordena al Registro Civil dar de alta a los menores y les cambia los nombres por los de Carlos y René, con los apellidos Hernández Sotelo, mismos apelativos de un empleado del DIF.
Cuando la Procuraduría de Justicia se los encargó al DIF para que los cuidara en lo que se resolvían las dos carpetas abiertas, (una por sustracción de menores presentada por Sandy, y otra presentada por el DIF acusando a Sandy de abandono y maltrato), la Jueza Mariela González hizo caso omiso y se inició el juicio de adopción promovido por una pareja que no podía tener hijos.
La Jueza Martha Gutiérrez Vargas, como medida provisional entrega a los menores a la pareja adoptante, y la Jueza de lo familiar Mariela González Gómez hasta el 3 de marzo del 2010 suspende el procedimiento cuando ya el asunto estaba siendo ventilado en los medios de comunicación.
El asunto se politizó. Por un lado estaba el diputado perredista que desde entonces ya soñaba con una candidatura a gobernador del estado y a quien le quedaba “como anillo al dedo” el caso de la adolescente indígena a la que habían despojado de sus hijos. Del otro lado estaba la presidenta del DIF, Mayela Alemán de Adame, convencida de que los niños estarían mejor con la pareja de adoptantes que con la madre biológica.
En medio estaba la jueza Mariela González del Tribunal Superior de Justicia, y por si esto fuera poco el Poder Judicial federal también intervino, al conceder un amparo a los padres adoptantes para que no les quitaran a los niños. Contratada por Fidel Demédicis, la ex jueza Olga Muro promovió un amparo para exigir que devolvieran a los menores con su madre.
¿En qué acabó ésta historia? ¿
Nadie sabe cómo la convencieron, pero de repente Sandy dejó de luchar por sus hijos, se desistió del amparo y se regresó a Tepoztlán, a la misma casa donde la esclavizaban desde niña.
A diez años de distancia la abogada Susana Díaz nos cuenta el final de la historia. “Las autoridades le robaron a sus niños a esta muchacha, afortunadamente, encontraron una familia que los ama y cuida con esmero”.
-¿Crees que los niños estén bien?- le pregunto.
- No sólo lo creo. Estoy segura. Cuando los llevaron a la prueba de ADN, el niño mayor nunca soltó la mano de su papá adoptivo.
HASTA MAÑANA.
