“Écheme la mano lic, reclasifique el delito y no me voy a dar por mal servido”, se escuchó por el auricular.
“Está bien Jorge Alfredo, cuenta con ello”, contestó el Juez Roberto Becerra.
Lo que no sabía el juzgador era que el teléfono celular de Jorge Alfredo, oficial judicial del Tribunal Superior de Justicia, estaba intervenido por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).
Era la noche del 25 de noviembre del año 2016. Jorge Alfredo, empleado del Poder Judicial, Jonathan, servidor público del Tribunal de Justicia para Adolescentes y otro joven de nombre Víctor Manuel estaban acusados del secuestro de Tonatiuh Tlalapango Flores, hijo de la jueza Efigenia Flores y el ingeniero Fabian Tlalapango, ya que ellos fueron los últimos que vieron con vida al muchacho, aunque el cadáver no había sido encontrado.
Todo comenzó la tarde del 7 de octubre de 2016. Tonatiuh Tlalapango Flores de 21 años de edad salió de su casa, ubicada en la calle Jacaranda de la Antonio Barona de Cuernavaca, Morelos. Eran alrededor de las 19:00 horas cuando el estudiante de Ingeniería Civil, del Tecnológico de Zacatepec caminó con rumbo al mercado de la colonia.
No lo volvieron a ver.
Cinco días después de su desaparición la familia de Tonatiuh presentó una denuncia, y el jueves 8 de diciembre de 2016 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) formuló imputación en contra de tres personas detenidas.
Las personas imputadas: Víctor Manuel J. R., Jonathan F. y Jorge Alfredo M. D., los dos últimos empleados del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos.
Ellos narraron que conocieron a “Tona” un año antes en el Gimnasio Power Gym de Plaza Cinemex Diana, y que desde entonces salían con frecuencia a divertirse en bares y discoteques.
Ese viernes no fue la excepción. El plan era ir a la inauguración del bar Bombay en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, pero nunca llegaron al lugar.
“El Coco”, “La Negra”, “El Jona” y otros integrantes del grupo, entre los que había algunas mujeres, decidieron ir a un baile, en el Bar Villa Centro de Espectáculos Carranza en San Juan Teotihuacán, Estado de México.
Fue alrededor de las 23:00 horas que Tonatiuh grabó, con su teléfono móvil, una escena en compañía de algunos de sus amigos ingiriendo bebidas embriagantes. El video lo compartió con un grupo en whatsapp.
Los mozalbetes estaban vinculados a prisión pero nunca revelaron dónde estaba Tonatiuh. Sus padres tampoco estaban de acuerdo en la forma de buscarlo, pues mientras él puso anuncios en los microbuses con la foto del joven, ella quería que todo se manejara discretamente pues temía perder el trabajo.
“A mi hijo no lo secuestró la delincuencia común y corriente, a mi hijo lo secuestró y lo asesinó la delincuencia institucional, fue víctima de la delincuencia institucional porque tienen el poder, tienen todo, tienen relaciones, vínculos, tienen comunicación, tienen un montón de cosas que les hace estar plenamente seguros y tranquilos de que no les va a pasar nada”, declaró Fabián Tlalapango en una de las muchas entrevistas que le publicaron los medios de comunicación.
El padre de Tona aseguraba que a los autores del secuestro de su hijo los protegía el sistema de justicia por tratarse de “el hijo de un ex director de la Policía y el sobrino de una juez”, y que la Fiscalía General del Estado, en manos de Javier Pérez Durón, intencionalmente no se movía para encontrar a su familiar.
Lo más desesperante para el ingeniero Tlalapango era que tres jóvenes estuvieran presos por la desaparición de su hijo, pero no poder hacerlos confesar dónde estaba su cadáver para darle cristiana sepultura.
El profesionista contrató los servicios de un investigador privado que descubrió que en el estado de México, en el municipio de San Agustin Actipan, habían encontrado unos restos humanos que podían ser de Tona. Sólo una prueba de ADN pudo constatar que se trataba de su hijo.
Terminaron las esperanzas de poder encontrar con vida a su hijo. El ingeniero Tlalapango, el autor de la campaña “Justicia para Tona”, enfermó gravemente y falleció el 26 de enero del presente año en el hospital del Seguro Social.
Ya no pudo estar presente cuando, en un hecho histórico, un juez penal fue procesado por haber aceptado un soborno a cambio de ayudar a un compañero de trabajo.
Ayer martes la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió un boletín en el que informó que como resultado de las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos durante el proceso en contra de dos hombres, quienes se desempeñaban como servidores públicos del Poder Judicial, este lunes quedaron vinculados a proceso por los delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos en agravio de la sociedad.
“De acuerdo a los hechos, fue la noche del 25 de noviembre del año 2016, cuando un oficial judicial de iniciales J.A.M.D vía telefónica se comunicó con el Juez de Control de iniciales R.B.L., en donde a cambio de una cantidad de dinero, realizaría funciones inherentes a su cargo concediendo una ventaja indebida a una de las partes involucradas en un litigio.
“La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión realizó la imputación correspondiente, y como resultado de los datos de prueba aportados se logró este lunes que el juez de la causa vinculara a proceso a ambos imputados”.
“En el caso del Juez de Control R.B.L., se le vincula por los delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos, sin embargo el juez no impone medida cautelar en su contra, por no encontrarse justificada ninguna a imponer de acuerdo al juzgador.
“Por lo que se refiere a quien desempeñara funciones de oficial judicial, fue vinculado por el delito de cohecho, imponiendo para él prisión preventiva porque tiene esa medida cautelar en el caso diverso que se le sigue por Secuestro Agravado”, dice el comunicado.
Por primera vez, el boletín no incluyó las fotografías de los imputados con la clásica franja negra cubriéndole los ojos.
HASTA MAÑANA.
