Lo que él no podía decir, su esposa lo afirmaba y después pedía disculpas por ser “políticamente incorrecta”. Apenas publicó en su cuenta de Twitter que “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. La desfachatez andando.
Fueron muchas las anécdotas que se recuerdan en las que la primera dama del estado influyó en decisiones determinantes para la vida política de la entidad, empezando por la determinación de que fuera su hijo Rodrigo Gayosso quien continuara con el proyecto de Graco Ramírez, con los desastrosos resultados que ya conocemos.
“Atacar a Graco es peligroso, pero criticar a la señora es un verdadero suicidio”, escuché decir al propietario de un medio de comunicación durante el sexenio graquista. Y tenía razón. Si a Elena Cepeda algún funcionario no le caía bien, insistía ante su marido hasta sacarlo del gabinete, y si se trataba de un medio de comunicación, no descansaba hasta verlo fuera del presupuesto.
En el 2015 salió en la Revista “Quién” junto con otras primeras damas del país, y cuando la preguntaron si era difícil vivir con un político, respondió: “Soy hija, hermana y esposa de políticos, ¡habría que preguntarle a mi marido qué tan difícil es vivir conmigo!”.
En esa publicación Elena dio el nombre de sus artistas favoritos, y casualmente son los mismos que el gobierno de Morelos trajo con cargo al erario.
La lista la encabeza el tenor español Plácido Domingo, quien el 5 de octubre del 2013 vino a la “Arena Teques” a presentar un espectáculo valuado en varios millones de pesos cuyas ganancias serían para construir un centro de rehabilitación para niños con discapacidad. El gobierno dispuso de todos los recursos financieros, humanos y materiales para llevar a cabo ese evento digno de la realeza española (además de obligar a funcionarios a vender boletos de cinco mil pesos cada uno) pero no hubo ganancia alguna.
Aunque por ley no tenía un sueldo, Elena Cepeda disponía de todo un equipo de colaboradores, gastos de representación ilimitados y, sobre todo, el control de todas las adquisiciones del DIF a través de su pariente Rosendo de León Sánchez, Subdirector de Recursos Materiales y Control Patrimonial.
Fue en esa área, precisamente, donde la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 305 millones de pesos.
El 7 de diciembre de 2015 se presentó ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, mediante el oficio DARFT-A2/1238/2015, en el que la ASF pidió a la dependencia estatal investigar y fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
Según esa auditoría, al 31 de agosto de 2015 el DIF Morelos sólo entregó 33 mil 744 despensas, de las 54 mil 674 que había adquirido; de éstas, únicamente el 49.9 por ciento se entregó en los municipios con alto nivel de carencia alimentaria.
Entrevistada al respecto, la esposa del gobernador rechazó tal irregularidad, y atribuyó el resultado de la auditoría a que “seguramente hay alguien nuevo en la Contaduría Mayor de Hacienda (sic) que no sabe cómo funciona, o Auditoría Superior de la Federación que no entendió y es un error de la Auditoría, no de nosotros”.
El 29 de marzo de 2016 la esposa del gobernador rompió todos los protocolos en un evento oficial. Era la inauguración de las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos en la avenida Galeana.
Sin estar contemplada en el programa, Elena Cepeda de León tomó el micrófono y defendió el trabajo que realiza su marido, al tiempo de criticar a quienes sólo se dedican a hablar mal del gobierno pero se han visto beneficiados por él. “Cuando nosotros llegamos, al señor Javier Sicilia y a su representante se le dieron 500 mil pesos para hacer un libro que todavía no se entrega”, reveló.
“No se reconocen las cosas que hace el gobierno… hoy precisamente no ven a mi marido aquí porque desde muy temprano está reunido con el fiscal y con el comisionado de Seguridad Pública para trabajar, porque cuando nosotros llegamos aquí hace tres años y cuatro meses yo quiero que ustedes recuerden lo que era la seguridad en nuestro estado”, pidió a los asistentes.
Aseguró que cuando el actual gobierno llegó la gente no salía por las noches porque estaba en sus casas “muerta de miedo”, y ahora “la gente ya está empezando a salir nuevamente a los restaurantes y a los bares”.
Recordó que antes de que ella llegara había albergues donde los niños y adolescentes recibían trato de victimarios y no de víctimas.
“Y yo quisiera que las comisionadas y los comisionados tuvieran la generosidad de hacer que el recurso que con tanto trabajo se consigue podría estar en otra área eh; yo, si me lo dan al DIF, podríamos hacer maravillas, podríamos contratar médicos y psicólogos y no en salarios enormes que no llegan a las víctimas”.
Enseguida, dirigiéndose a los cinco integrantes de esta Comisión de Atención a Víctimas, les dijo: “Ustedes deberían ser honorarios, perdónenme que se los diga, deberían ser honorarios, y sí, el trabajo que hace Nad (Nadxiieli Carranco Lechuga, secretaria ejecutiva de la CARV) debería ser reconocido, porque aquí debe haber funcionarios que se ocupen, pero no cinco personajes de la sociedad civil que quieran cobrar más (de) sesenta o setenta mil pesos”, señaló.
Su deseo fue cumplido. A los pocos meses el Congreso Local reformó la Ley y los cargos de los comisionados se convirtieron en honorarios… y la única que se quedó (cobrando) fue precisamente Nadxiieli Carranco Lechuga.
HASTA EL LUNES.
