Pero los últimos acontecimientos ocurridos en Morelos nos demuestran que no es así. Los feminicidas y violadores pueden ser físicamente atractivos, muy jóvenes, de nivel socioeconómico medio o incluso alto, pero que tienen la mente dañada por hechos ocurridos en su niñez, por el abandono de sus padres o vaya usted a saber por qué razones. Son psicópatas en potencia y están entre nosotros, conviven con nuestras hijas e hijos y quizás hasta les damos permiso de quedarse en nuestras casas.
Los casos de María Fernanda y Mariana, ambas estudiantes de la UAEM, con seis meses de distancia entre uno y otro, son los más claros ejemplos de que los jóvenes deben ser muy precavidos a la hora de elegir a sus amigos, sobre todo aquellos que son “amigos casuales de antro”, que sin conocerse previamente intercambian números de teléfonos e incluso aceptan “raites” a sus casas.
Aquí entra también el caso del joven Tonatiuh, estudiante del Tecnológico de Zacatepec, quien fue secuestrado y asesinado por los que él consideraba sus amigos, que resultaron ser empleados del Poder Judicial.
A María Fernanda, hija de nuestro querido amigo Rubén Toledo, la secuestraron y asesinaron jóvenes universitarios (incluyendo a una mujer) que convivían con ella en la Universidad, de los que seguramente nunca sospechó la familia de la víctima.
Pero el caso más sonado porque ocurrió hace apenas unos días fue el de Mariana Leticia, la hija de una trabajadora del Poder Judicial del Estado, estudiante de Diseño de Modas e integrante del equipo de Tocho de la UAEM, cuyo cuerpo fue encontrado el 10 de mayo sobre el Circuito Santa Fe en el municipio de Xochitepec, desnudo y con huellas de ataque sexual.
Ella desapareció desde el jueves 9 de mayo, cuando acudió a su entrenamiento de futbol americano femenil en el Campus Chamilpa de la UAEM.
Afortunadamente hoy la tecnología juega un papel importante cuando se trata de localizar personas y también la costumbre de nuestros jóvenes de andar “posteando” lo que comen y lo que beben, así como los lugares a los que asisten.
Así fue como la Policía de Investigación Criminal descubrió que esa tarde Mariana junto con otra amiga había asistido a un bar llamado “La Estancia” a unos cuantos metros del campus universitario. Ahí, a decir de la amiga, se encontraron a dos jóvenes preparatorianos, uno de los cuales también formaba parte del equipo de futbol “Venados Black” de la UAEM.
Así fue como los policías comenzaron a buscar a dos alumnos de la Preparatoria Uno que jugaran futbol americano. Localizaron a uno que respondía a esas características, pero pudo acreditar dónde se encontraba la noche del 9 de mayo, así que lo soltaron. Sin embargo, dio datos que permitieron saber quiénes podrían haber sido: Luis Armando y Enrique.
Como no tenían órdenes de aprehensión en su contra, y ni siquiera sabían si eran menores de edad, los policías recurrieron al viejo truco de argumentar “resistencia de particulares” para subirlos a la patrulla.
La detención de uno de ellos fue grabada por otro estudiante con un teléfono celular en el estacionamiento de la Preparatoria Uno. Cuando el muchacho comienza a gritar que lo están secuestrando a bordo de un vehículo no oficial, una agente de la PIC saca su gafete y se identifica como policía.
Ya con los datos suficientes, el agente del Ministerio Público solicita a un juez órdenes de cateo para ingresar a las casas de los jóvenes (que al parecer viven solos). En la primera, ubicada en la colonia Antonio Barona, localizan prendas de vestir, credenciales y pertenencias de Mariana.
En la segunda, ubicada en la colonia Santa Martha, se encuentran tarjetas y el vehículo donde aparentemente fueron a tirar el cadáver de Mariana. Se trata de un Tsuru color blanco sin placas en cuyo interior encontraron tejido hemático.
Con esas pruebas solicitan a un juez de control orden de aprehensión en contra de Enrique, que ya es mayor de edad; en tanto que Luis Armando es llevado al Tribunal de Justicia para Adolescentes en virtud de que tiene 17 años. Pero ambos quedan privados de su libertad.
Ironías de la vida: ambos violaron y mataron a una joven, pero mientras que Enrique purgará una posible condena de 40 años o más, su cómplice no puede pasar más de cinco años en el Centro de Ejecución de Medicas Privativas de Libertad (Cempla) que es como una escuela.
La reacción de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (a la que pertenece la Preparatoria Uno) fue desafortunada:
A raíz de que apareció en redes sociales la detención de un estudiante por parte de la Policía Ministerial en el estacionamiento de la escuela, la UAEM difundió un comunicado en el que “reprocha la transgresión de la autonomía universitaria y condena la intimidación a partir de la portación de armas de fuego, así como el exceso de fuerza en los espacios educativos”.
“Por lo tanto, demandamos y exigimos a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en el estado de Morelos se cumplan a cabalidad los protocolos tendientes a proteger los derechos humanos”, termina diciendo la misiva firmada por la secretaria general Fabiola Álvarez Velasco.
Nunca se había visto una reacción tan airada a un comunicado de prensa, sobre todo después de que trascendió (falsamente) que la Rectoría de la UAEM había dado “asesoría legal” a los padres de los estudiantes detenidos.
En redes sociales, la gente comenzó a atacar a la máxima casa de estudios, y comenzaron a citar para una manifestación para este lunes en la Torre de Rectoría.
Fue necesario que la UAEM emitiera un segundo comunicado para calmar los ánimos. En este nuevo documento la máxima casa de estudios “reitera su más enérgica condena ante los hechos criminales que privaron de la vida a Mariana (15 días después). Exige a las autoridades competentes una investigación rigurosa y eficiente, que esclarezca y sancione a los responsables. Asimismo, para llegar a una real justicia restaurativa, de existir anuencia por parte de los familiares de la víctima, pondrá a su disposición el apoyo profesional que coadyuve en el tratamiento de tan lamentable pérdida”
Asimismo, se precisa que fueron tres alumnos los detenidos por el personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Dos de ellos se encuentran sujetos a investigación y el otro, que fue detenido por error, fue absuelto dos horas después de su detención. El único asesoramiento jurídico realizado por la universidad consistió en acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a levantar una queja por los actos realizados en perjuicio del estudiante detenido por error. “En ningún momento, ni circunstancia alguna se ha asumido la defensa jurídica de los detenidos: L.A.B.B y Enrique “N”, en los procedimientos instruidos en su contra”.
Y entonces sí, aclaró que “la autonomía universitaria no es un estado de excepción, ni refugio, ni un manto protector de actos ilícitos”.
HASTA MAÑANA.
