Para entender el problema de las pensiones y jubilaciones: 

Quizás usted sea de esas personas que acostumbra usar una botella de Padre Kino para llenarla de monedas. A muchos les funciona porque cuando se llena les puede servir para un viaje o para comprar una medicina. Ahora imagine que le da a resguardo su botella a su esposa (o viceversa) y que él o ella sin decirle nada toma ese dinero para comprar comida o cualquier otra cosa. Eso ha sucedido con el dinero de las pensiones: el gobierno le quita una parte y le dice que lo guardará para su vejez, pero en realidad ese dinero lo ha venido usando como “caja chica”.

Y es que, en virtud de una población en envejecimiento a pasos agigantados, de un número cada vez menor de trabajadores formales, aunado a la falta de ahorro voluntario y a los pocos mecanismos para cubrir los gastos del gobierno, el sistema de pensiones se ha convertido en la principal herramienta para operar financieramente y generar liquidez para el gobierno de la República, recursos que maneja con una enorme opacidad y sin rendir cuentas sobre la utilización de dichos recursos.

 El proyecto de Egresos para 2018 enviado por el Ejecutivo contemplaba 700 mil millones de pesos sólo para el pago de pensiones; la cifra es enorme y equivale al 10 por ciento del presupuesto programable, mayor que el presupuesto otorgado a las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Salud, en conjunto.

 Esos 700 mil millones de pesos se irán a las 59 millones de cuentas concentradas en las 11 Afores existentes en el país, pertenecientes a los 39 millones de trabajadores afiliados a algún sistema de seguridad social y cuyo fondo total resulta en la cifra citada cercana a los 10 billones de pesos.

 Por el momento nadie tiene claridad de dónde están esos 10 billones de pesos. Si esos recursos se fueran a inversión productiva aún existirían, sin embargo, este dinero se ha utilizado para cubrir los consumos gubernamentales. Y es que en los años recientes el principal usuario y consumidor del dinero de los trabajadores y manejado por las Afores, ha sido el propio gobierno de la República, al usar tales fondos para cubrir su gasto corriente (consumido en pago de sueldos y salarios y compra de insumos, etc., gasto que no produce ni interés ni utilidades) y tal uso indebido impide que ese dinero se mantenga, se eleve como resultado de inversión, sino que vaya mermando a pasos alarmantes.

En este sentido, el jurista Humberto Luna enfatiza respecto a la administración de los fondos de retiro como un esquema de despojo para los trabajadores, en el que empresarios y gobierno son cómplices. Abunda en ese sistema ganar-ganar del gobierno, pues emplea el dinero de los trabajadores para su gasto corriente y los empresarios de esa manera incrementan ganancias a través de las Afores.

 "Como el gobierno ya no dispone de los fondos de Pemex para cubrir sus gasto corriente, aprovecha el dinero que proviene de las pensiones. En 2018 los fondos de retiro llegaron a 2.8 billones de pesos y ese monto se está utilizando para cubrir los gastos del gobierno", acusó el abogado al explicar que al menos el 70% de esos recursos se usa en el gobierno como deuda interna.

"Es un robo. Si revisamos casos aislados de los trabajadores, podemos ver (que) merman su pensión con más de un millón de pesos por pensionado", expresa Humberto Luna, luego de señalar las absurdas justificaciones que sobre las bondades de los sistemas de pensiones realizan algunos investigadores, quienes prefieren quedarse en las cifras macro para no entrar a los casos individuales de cada trabajador, casos en los se puede observar a detalle dichas irregularidades.

 Así pues, explica a través de la lógica de posesión por despojo, las reformas estructurales de los últimos años han tenido como fin facilitar la mercantilización de ámbitos donde antes no tenía cabida el mercado, "como los gobernantes están impuestos por los dueños del capital, su trabajo como gobierno se enfoca a beneficiar los intereses de las corporaciones y no les importa la suerte de la gran mayoría de las personas que vivimos aquí", afirmó el jurista de la UNAM.

 Y resaltó que en el caso de las Afores, éstas pueden invertir libremente los recursos de los trabajadores y ni siquiera la CONSAR dispone de instrumentos de coerción para ir más allá de las multas, de tal modo que, las distintas Afores tienen la oportunidad de incumplir la ley y permanecer libres de culpa solamente pagando una multa generalmente mínima en comparación de sus ganancias.

"Mientras los trabajadores de este país no tomen el problema en sus manos, nada se va a resolver", anticipa Humberto Luna y reconoce como mayor problema la ignorancia y desinterés de los trabajadores quienes generalmente desconocen la situación de sus pensiones y sólo se ocupan de ellas hasta el momento de solicitarla.

 "Esto es una bomba de tiempo y se van a empezar a preocupar cuando en el 2020, el gobierno les diga que no tiene dinero para pagar sus pensiones", dice el experto, quien precisa además que para abastecer las pensiones de la generación de transición (la que empezó a cotizar antes de 1997), el gobierno necesitará más de 10 billones de pesos, dinero que no posee.

“Cuando sólo 1 de cada 10 trabajadores sabe en qué Afore se encuentra su dinero, mientras el resto eligió su Afore por la persona que lo invitó a ella, se hace palpable el desinterés de los trabajadores mexicanos por saber cómo se maneja el dinero destinado a su futura pensión.

“De entrada hay una disparidad entre el número de cuentas y de trabajadores: mientras las Afores reportan un total de 57.4 millones de cuentas, el número de trabajadores afiliados es de 39 millones, es decir, 18.4 millones de cuentas son cuentas duplicadas y es que un mismo trabajador puede tener cuentas en distintas Afores sin saberlo y las Afores aprovechan esta circunstancia pues reciben comisión por cada cuenta”, detalla Humberto Luna.

 Y agrega que son pocos los trabajadores que saben cómo están manejando sus recursos las Afores, en qué están invirtiendo su dinero y qué rendimiento van a recibir.

 Lo grave, señala, es que ante la ley el único responsable de cómo se maneja su dinero es el propio trabajador, de modo tal que si la Afore en la que están inscritos decide jugar su capital en la Bolsa de Valores, en instrumentos de alto riesgo o bonos basura y pierde, quien resentirá dicha pérdida es el trabajador, la Afore no tendría responsabilidad alguna, ni hay seguro que cubra ese desfalco al pensionado.

HASTA EL LUNES.