El último dejó la cárcel el pasado 23 de mayo luego de que un tribunal de enjuiciamiento integrado por los jueces Jesús Valencia, María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena y Teresa Soto Martínez lo declaró absuelto.

Se trata de José Antonio, quien según la versión que en su momento ofreció Alberto Capella Ibarra, fue detenido a bordo de un vehículo, pero que un video de seguridad demostró que fue sacado de su domicilio por elementos policiacos vestidos de civil.

En la última audiencia, la fiscal Fabiola Jazmín García Betanzos planteó, en su discurso de apertura, que José Antonio es responsable del delito de homicidio en grado de tentativa en contra de Fernando y Pedro, elementos de la CES.

García Betanzos relató a los jueces del colegiado que el hecho ocurrió la noche del 30 de noviembre de 2017, alrededor de las 02:57 horas. Los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad realizaban un patrullaje en la calle Francisco I. Madero, del municipio de Temixco, y observaron a cuatro personas armadas que bajaron de igual número de vehículos, según la versión oficial.

Los policías ordenaron a los pistoleros que se detuvieran pero no hicieron caso y corrieron a buscar refugio en la casa marcada con el número 32, hasta donde los siguieron.

“Los policías honrados, honestos, son recibidos a balazos por parte de las personas armadas. Fernando Medina Bahena recibe un balazo en su escudo, a la altura de su cara. Pedro Gómez Valeriano recibe un disparo en el tórax”, dijo Betanzos.

Debido a la agresión, los agentes comenzaron a disparar. Por más de una hora y media se enfrascaron en una balacera, en donde “lucharon por sus vidas” dijeron también en su argumento los asesores jurídicos de las “víctimas”.

Luego compareció como testigo ofrecido por la Fiscalía, Solcamiri Hernández Valois, perito en Química Forense, quien intervino en el estudio de un chaleco blindado que tenía una marca de bala en la placa. La especialista, ofrecida también como testigo de descargo por la defensa, fue contundente para echar abajo la teoría del caso de la Fiscalía.

La perito en Química Forense, visiblemente nerviosa, corroboró científicamente: en las manos del acusado, José Antonio no se encontró ningún rastro de plomo o bario. Él no había disparado ningún arma.

Una y otra vez se justificó ante el tribunal de que no se encontraba preparada para responder sobre un dictamen que realizó a las personas muertas en ese hecho pero ante la insistencia de la Defensa se logró conocer que ninguna de las víctimas disparó un arma aquella madrugada del 30 de noviembre de 2017.

Por su parte, Merari Estrada se mostró reticente para hablar sobre el examen que realizó a cinco sudaderas que portaban los agentes, implicados en el multihomicidio, para saber si existían restos de plomo o bario. Lo que corroboró ese peritaje es que esa noche los policías no vestían uniformes oficiales.

El último de los testigos, Hiram López declaró que él se encargó del procesamiento e investigación del hecho, reconoció que no se entrevistó con todos los implicados y que el agente, Fernando M. B. se hizo cargo de la puesta a disposición, ante el Ministerio Público, de cuatro personas entre ellos el ahora acusado.

López Álvarez reconoció haber incurrido en una equivocación en su informe sobre el caso de dos niños que resultaron heridos y quienes supuestamente habrían sido trasladados al Hospital del Niño Morelense cuando en realidad fueron internados en el Hospital General de Temixco.

Al hablar sobre el lugar de intervención, el agente refirió que localizó dos armas cortas, una en el interior del baño de la casa. “Había un cadáver de dos meses, a un metro del acceso al baño, y todos los cuerpos (cinco) en el interior del baño”.  ¿Cómo pudo llegar el cuerpo del bebé a un metro afuera del baño?

Esas mismas testimoniales son las que podrían servir pero ahora para imputarles delitos a los agentes de la Policía, algunos de los cuales siguen trabajando en la Comisión de Seguridad Pública de Morelos, y dos en la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, dentro del equipo de Alberto Capella Ibarra.

El ex Comisionado Estatal de Seguridad declaró a medios nacionales que el hombre detenido en esa ocasión (y liberado en mayo pasado) es José Antonio Valdez, identificado por las autoridades como "El Señor de la V" y como presunto operador en Morelos del Cártel del Sur.

En una entrevista radiofónica para Denise Maerker, el jefe policiaco dijo sentirse preocupado porque cuando Valdez fue detenido por los efectivos les dijo: “voy acabar con ustedes”.

Así las cosas, estamos frente a un asunto donde hay medias verdades y muchas mentiras. Ciertamente hay indicios de que ésta familia se dedicaba a actividades ilícitas (encontraron vehículos de lujo dentro de la casa), lo cual no es justificación para masacrar a inocentes.

La Fiscalía del Estado debe llevar a cabo una investigación profunda que permita sancionar a todos los involucrados. Si existe delincuencia organizada las autoridades federales deben proceder en consecuencia, pero si en la persecución de ilícitos del orden federal los policías cometieron delitos como abuso de autoridad, homicidio, alteración de la escena, etc., también deben ser procesados.

De igual manera, se debe analizar a la luz del Código Penal para el Estado de Morelos las conductas de los titulares de las dependencias, en este caso Alberto Capella y Javier Pérez Durón, para determinar si incurrieron en algunos de los supuestos contemplados en la legislación penal.

HASTA MAÑANA.