Publicado en Estrategias Jueves, 26 Septiembre 2019 05:40

Los 43, a cinco años

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La presión social en territorio mexicano, pero sobre todo la insistencia de la comunidad internacional, ha hecho que el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “desaparecidos” hace exactamente cinco años, no quede en el olvido. De no haber alcanzado esos niveles, “los 43” se habrían sumado a los cientos, quizás miles, de personas que fueron detenidas por agentes de corporaciones policiacas, y entregadas a grupos de la delincuencia organizada.

¿Por qué el presidente municipal de Iguala ordenó a la Policía Municipal que detuvieran a como diera lugar a los estudiantes de Ayotzinapa que se dirigían a su municipio a echarle a perder su informe? ¿Por qué los policías se los entregaron a los narcos y estos se deshicieron de ellos como si fueran animales de sacrificio?

La respuesta es sencilla: confiaban en que no pasaría nada.

Y es que antes de los 43 de Ayotzinapa, muchos otros hombres, mujeres, jóvenes, adultos, de todo, fueron desaparecidos en la misma forma y nadie dijo nada.

Quizás recuerden nuestros lectores que hace años un grupo de hombres procedentes de Michoacán que iban de vacaciones a Acapulco desaparecieron y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados con huellas de tortura. “Venían puros hombres y traían placas de Michoacán”, fue la justificación de los sicarios que fueron detenidos como responsables de estos hechos.

También están los montadores de toros que iban a una comunidad de Guerrero llamada Hueyapan, y nunca llegaron porque también fueron confundidos con miembros de un grupo antagónico.

Y qué decir de Alan Cerón, el joven originario de la colonia Alta Vista de Cuernavaca que fue secuestrado, que logró escapar de la casa de seguridad donde lo tenían en Chilpancingo, que se dirigió al Ministerio Público, pudo hacer una llamada a sus familiares y después, los mismos policías ministeriales lo regresaron con sus captores para que le dieran muerte.

Con esto queremos decir que, si no se hubiera tratado de estudiantes de una escuela rural para maestros con mucha historia (semillero de la guerrilla, hay que decirlo) y que la matanza fue una bandera perfecta para los grupos opositores al gobierno de Enrique Peña Nieto, e igualmente tomada como causa internacional por grupos “globalifóbicos” de todo el mundo, el asunto estaría más que olvidado.

Que “la maña” tenía el control de los ayuntamientos y que sus policías estaban a su servicio, y que el gobernador Ángel  Aguirre Rivero los protegía, era del dominio público aún antes de que ocurrieran estos hechos.

Este columnista publicó en este mismo espacio una columna titulada “contacto en Iguala” el 14 de febrero del 2014, en la que dábamos cuenta de la relación de la esposa del alcalde José Luis Abarca con la familia Pineda Villa, ligada a la organización de Arturo Beltrán Leyva.

“La gente se sigue preguntando cómo un comerciante que inició vendiendo sombreros en el mercado, hoy es propietario de la plaza comercial Galerías Tamarindos, la más importante de esa localidad guerrerense. 

¿Cómo llegó a ser presidente municipal? Eso está muy claro para los igualtecos. Todos recuerdan las miles de despensas que llegaron a todas las colonias de Iguala previo a las elecciones, y el “espaldarazo” que recibió del gobernador Ángel Aguirre Rivero para que fuera el candidato del PRD.

“Pero la principal línea de investigación que la PGR sigue en contra del alcalde de Iguala es su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Es hermana nada menos que de Alberto Pineda Villa, alias “El Borrado”, operador de Arturo Beltrán Leyva.

“Pineda Villa no es una figura menor dentro del narcotráfico. En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 –iniciada el año pasado, cuando el procurador Eduardo Medina Mora anunció la Operación Limpieza– se le menciona como enlace entre altos funcionarios de la SIEDO con los hermanos Beltrán Leyva, quienes recibían información sobre las investigaciones en su contra a cambio de pagos superiores a los 450 mil dólares mensuales.

 “Como parte de la citada averiguación, el testigo protegido con nombre en clave Saúl declaró que el agente federal Javier Jiménez Sánchez, El Pinocho, era el contacto a través del cual Miguel Colorado, quien fuera coordinador de inteligencia de la SIEDO (actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, en espera de ser extraditado a Estados Unidos), le proporcionaba información en torno a las investigaciones que realizaba la PGR en contra de los Beltrán Leyva.

“Saúl también declaró que Jiménez Sánchez “se reportaba directamente con El Borrado, uno de los principales integrantes de dicha organización delictiva y que se encuentra en la misma categoría que El Grande (Sergio Villarreal Barragán), operador del cártel en la Comarca Lagunera y en el estado de Morelos”.

“En el 2009, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna ordenó que para atrapar a Pineda Villa se rentara una casa a pocos metros de donde vivían sus padres, en la calle de Xochicalco esquina con Tlaquiltenango, en Cuernavaca.

“Posteriormente, la SIEDO integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS /163/2009 y altos funcionarios de esa dependencia, entre ellos la entonces subprocuradora Marisela Morales, giraron instrucciones a todos los fiscales especializados en delitos contra la salud para que fortalecieran la indagatoria. De esa manera, los padres del Borrado y su hermano Salomón Pineda fueron acusados de fungir como operadores de la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva, pero todos fueron saliendo libres poco a poco.

“A finales del 2013 la Policía Federal detuvo en un retén a la señora Leonor Villa Ortuño y a su chofer, Carlos Cerezo.  Ella confesó que su yerno recibe dos millones de pesos mensuales por parte de “Los Guerreros Unidos” a cambio de que su policía les brinde protección.

“Sin embargo, su declaración no fue suficiente para que la PGR considerara a José Luis Abarca un “narcoalcalde”, y supuestamente se encuentran recabando más datos para iniciarle una averiguación previa y que sea el primer alcalde de Guerrero en ser detenido por protección al narcotráfico.

“Siempre y cuando, el procurador general de la República, el priísta Jesús Murillo Karam, así lo ordene”, decía nuestra columna del 14 de febrero del 2014, siete meses antes de que ocurriera la matanza de Ayotzinapa.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

 

 

Modificado por última vez en Viernes, 27 Septiembre 2019 09:22
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