Fue de las instituciones más importantes porque tenía programas destinados a apoyar a las familias morelenses, aunque –como en casi toda la administración del tabasqueño- esos proyectos se vieron empañados por la corrupción.
El programa para “jefas de Familia” fue una de las mejores ideas que tuvo el gobierno anterior. Darles “capital semilla” a grupos de mujeres, en su mayoría madres solteras, para que pudieran emprender proyectos productivos resultó todo un éxito, aunque “el gozo se fue al pozo” cuando a Graco se le ocurrió que los uniformes escolares que el Congreso había autorizado comprar, se los compraran a las mujeres costureras.
Así, a mediados del 2017, cuando estaban por terminar su capacitación en incubación de empresas y uso de máquinas de coser, las “jefas de familia” recibieron una gran noticia: antes de tener formalizada su empresa e incluso sin contar aún talleres, ya tenían su primer cliente.
No lo podían creer: el gobierno de Morelos había decidido que fueran ellas las proveedoras del Instituto de Educación Básica del Estado Morelos para hacer los uniformes gratuitos autorizados por el Congreso.
“Nos emocionamos mucho. Se creó una comisión de administración con la finalidad de buscar proveedores de telas, hilos, todo lo necesario. Vinieron representantes de empresas textiles de Puebla, del estado de México y hasta un colombiano. Nos sentíamos realmente empresarias”, narró otra de las beneficiarias que pidió el anonimato.
Durante la primera etapa quien se encargó del proyecto por parte de Sedeso fue Azucena Rebollo. A partir de que se informó que serían proveedoras de los uniformes escolares tomó su lugar Fátima Dayana López Castañeda, en ese tiempo directora de gestión social y economía solidaria de Sedeso, brazo derecho de la titular, Blanca Almazo.
Pero entonces comenzaron a suceder cosas “extrañas”. Las mujeres de aspecto humilde comenzaron a ser sustituidas por señoras “que llegaban en carrazos y que dominaban totalmente los términos de la elaboración de prendas de vestir”.
Según el testimonio de las entrevistadas, el programa de apoyo a jefas de familia se convirtió en el negocio de unas cuantas mujeres -entre funcionarias y empresarias- que buscaban quedarse con el dinero que el gobierno estatal había entregado al IEBEM.
“Las empresarias metieron a sus trabajadoras como beneficiarias del programa, y eso no era tan malo, porque de no haber sido así, ¿cómo haríamos los 198 mil uniformes que nos estaban pidiendo entre 500 mujeres que medio sabíamos coser?”, comenta otra de las entrevistadas.
Fueron ellas, las mujeres con aspecto de empresarias las que decidieron que no podían hacer un trabajo de esta magnitud trabajando en grupos de seis cada quien en su comunidad.
Es así como surgen los “centros de producción” ubicados en Cuernavaca, Temixco, Jojutla y otros lugares en el interior del estado. Lo que hicieron fue juntar a los grupos de beneficiarias con sus respectivas máquinas en inmuebles grandes, y ponerlas a trabajar como si fueran sus empleadas.
Así se fueron diluyendo los 45 millones de pesos que autorizó el Congreso para el programa de uniformes escolares gratuitos.
La ruta del dinero comenzó en la Secretaría de Hacienda que manejaba Jorge Michel Luna; pasó por el IEBEM que estaba a cargo de Yaneli Fontés Pérez (esposa del ex fiscal Javier Pérez Durón) y terminó en manos de dos mujeres que no son empresarias ni funcionarias, de nombres Julia Domínguez Miranda y María del Carmen Alcantar, a quienes nadie conoce, mismas que recibieron 16 millones 990 mil pesos, y 5 millones 338 mil pesos, respectivamente, por instrucciones de la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Blanca Almazo Rogel.
Se sabe que hay una investigación de la Fiscalía Anticorrupción al respecto pero se maneja con el mayor sigilo.
El nuevo titular de la Sedeso, el ex árbitro profesional Gilberto Alcalá Pineda no sabe ni le interesa saber en dónde están las máquinas de coser que el gobierno anterior le vendió a las mujeres jefas de familia mediante facturas apócrifas de una empresa denominada “El Grajo”, con domicilio en la Ciudad de México.
Lo peor del caso es que tampoco se han iniciado programas que sustituyan a los que existían en el gobierno anterior.
El Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas” ha realizado una importante labor en busca de transparentar el uso de los recursos destinados a programas sociales, pero la Sedeso se muestra renuente a clarificar ese manejo financiero.
“Cuáles son los programas sociales de la Secretaría así como el monto presupuestado para el presente año, presupuesto ejercido al día de hoy para cada programa y número de beneficiarios por municipio de cada programa” fue el cuestionamiento que hizo Morelos Rinde Cuentas a la Sedeso.
“…le informo que desde la Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria está impulsando el Programa de Impulso Productivo Comunitario 2019, el cual tiene como objetivo mejorar el nivel de ingresos de las mujeres Jefas de Familia del Estado de Morelos, otorgándoles capital semilla para la creación de un proyecto o Capital de Fortalecimiento a los proyectos creados a través del Programa en mención”, contestó Silvia Salazar Hernández, titular de la dependencia mencionada pero que es más conocida por su parentesco con el hoy titular del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar.
Sin embargo, la funcionaria reconoce que “este programa se encuentra en la etapa de firma de convenios (cuando ya llegamos al décimo mes de la anualidad) con los que se dará lugar al trámite correspondiente para entregar a cada proyecto”.
Y aquí viene lo peor:
“De igual forma, le comento que el presupuesto autorizado para el programa en mención es de 30 millones de pesos, de los cuales bajo el concepto de pago de honorarios se han ejercido un total de 400 mil pesos y en el concepto de gastos de operación se han ejercido 71 mil 535 pesos”.
Es decir, que el programa que habrá de sustituir al programa Jefas de Familia de Graco Ramírez tiene un presupuesto de 30 millones, pero a las mujeres necesitadas no les ha llegado ni un peso. Sin embargo, a la bolsa ya le hicieron un hoyito y por ahí sacaron casi medio millón de pesos.
El Director General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables, Jonathan Baltazar Mejía Alegría, también le contestó a “Morelos Rinde Cuentas”.
Dice que sí tiene más de 7 millones de pesos presupuestados para beneficiar a adultos mayores, indígenas y migrantes, pero que (hasta el 20 de septiembre en que viene fechado el oficio) “los programas se encuentran en las fases de planeación, por lo que aún no se cuenta con la información de beneficiarios y no se han ejercido los recursos”.
A ver si para navidad doña Silvia y el joven Jonathan ya terminaron de planear y empiezan a ejecutar los programas.
HASTA MAÑANA.
