Los hechos ocurridos el pasado 8 de mayo a un costado del Palacio de Gobierno, cuando un sicario asesinó a dos líderes sindicales a plena luz del día en medio de una docena de reporteros y foto-camarógrafos, demuestra que nos encontramos inermes ante los grupos de poder que se pelean a muerte.
Quien esto escribe ha sido un crítico permanente del llamado “Mecanismo de Protección para Periodistas” tanto a nivel federal como en el estado. Fuimos representantes del gremio durante dos años ante ese órgano colegiado, y al final sólo confirmamos nuestra hipótesis: es una simulación.
Ayer se publicó en el portal Eje Central el reportaje titulado “Periodistas desplazados, una historia de resistencia”, que es un testimonio fiel de lo que sufre un reportero que tiene que elegir entre su vida y su estabilidad económica y emocional.
Se llama Mario Alberto Segura y es periodista en Tamaulipas. Fue sacado del estado por la organización Artículo 19 y trasladado a la Ciudad de México, donde conoció primero el Mecanismo de Protección a Periodistas del Distrito Federal y a fines del 2012 entró en función el del gobierno de Felipe Calderón, el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; en él fue incluido como primer periodista usuario junto con 12 defensores de derechos humanos.
“En el arranque de este mecanismo el personal fue preparado para el funcionamiento del organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, pero al ser de extracción panista fueron sustituidos por los que llegaron con el nuevo gobierno priista de Enrique Peña Nieto.
“Es ahí en donde comienzan los primeros problemas con el Mecanismo Federal, ya que mientras volvían a formalizar el trabajo, los usuarios quedamos desamparados. Ha sido también cada fin de año en que el mecanismo cierra, según nos dicen, el año fiscal y se quedan sin recursos, sin cumplir con los usuarios.
“Como en un principio no sabían cómo se podían gastar el dinero del presupuesto, sin embargo, eran notorios los gastos que realizan para operar, lo que también afecta al presupuesto”, escribió el periodista.
En México hay 330 periodistas inscritos en el Mecanismo de Protección para Periodistas o había, pues varios fueron asesinados a pesar de ello.
“Hubo un momento en el funcionamiento del mecanismo en el que los responsables de cierta área, al parecer de seguimiento, traían un teléfono con el que estaban al pendiente de los usuarios si no contestaba el botón de pánico. Pero por cuestiones de falta de personal en esa dependencia dejaron todo el trabajo a la empresa RCU, encargada de proveer los botones de pánico, y concretar otras medidas de seguridad con la instalación de cámaras videovigilancia, luces, así como GPS en vehículos de usuarios. Sobre esta empresa se sospecha que era un gran negocio para socios de un alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien se le dio la responsabilidad de la atención, pero con un alto costo, pues se llevó gran parte del presupuesto de operación del mecanismo”, agrega el reportaje.
El primero de octubre desapareció el Mecanismo de Protección y se ha publicado en medios de comunicación que deja de depender de la Secretaría de Gobernación, aunque luego rectifican y se aclaran que no, que sigue siendo la misma secretaría quien coordina los trabajos del Servicio de Protección Federal, que tendrá a su cargo la responsabilidad de la seguridad de las víctimas.
El autor del reportaje y periodista “protegido” por el Mecanismo Federal, abriga la esperanza de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fortalezca ese organismo con un buen presupuesto.
Sin embargo, desde nuestro particular punto de vista es inútil el Mecanismo en cuestión pues nada garantiza la seguridad del reportero. Hemos visto cómo testigos protegidos de la PGR han sido asesinados en presencia o incluso en complicidad con quienes estaban asignados a su escolta.
En Morelos el nuevo gobierno incluso desconocía que ya existía un Mecanismo estatal creado por el gobernador Marco Adame Castillo en sus últimos meses de administración. Los representantes de los periodistas durante el periodo de Graco Ramírez “nos levantamos de la mesa” por una serie de irregularidades pero nunca formalizamos nuestra renuncia. Luego, un grupo representativo de compañeros eligió un nuevo bloque de representantes (yo no asistí a esa asamblea), pero nunca se les tomó protesta por parte del Mecanismo que orgánicamente está a cargo de la Secretaría de Gobierno. O sea que la representación está acéfala.
Tras los hechos del 8 de mayo la Secretaría de Gobierno intentó reactivar el mecanismo haciendo uso de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos que promulgó la pasada Legislatura y que se publicó el 18 de agosto de 2018, en la que se reduce de cinco a tres representantes del Foro de Periodistas.
Sin embargo, se enfrentó a la siguiente disyuntiva: 1) reconocer a los periodistas que se levantaron de la mesa pero nunca renunciaron 2) a los que fueron elegidos por una asamblea numerosa pero que no ha sido reconocida por la autoridad 3) convocar a una nueva asamblea en donde se elijan a los tres representantes del Foro.
En caso de optar por la tercera propuesta, se tiene la duda de ¿Quién convocaría? El gobierno no puede abrogarse el derecho de convocar a una reunión totalmente gremial, pero por otro lado, ¿qué periodista u organización de periodistas tiene la legitimidad para convocar?
En eso estábamos cuando vino la renuncia o destitución del subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guízar Nájera, y el asunto quedó en el olvido.
Ojalá no pase, pero es muy probable que el tema vuelva a ser puesto sobre la mesa cuando ocurra un acontecimiento como el del pasado 8 de mayo, cuando murieron Jesús García y Roberto Castrejón y quedó herido el camarógrafo René Pérez.
