Publicado en Estrategias Jueves, 05 Diciembre 2019 05:28

Jueces, “los villanos de la película”

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Mala semana para el gremio de los jueces. Los impartidores de justicia han sido señalados, tanto a nivel nacional como en la entidad, como los culpables de todo lo malo que ocurre en nuestro país. Quizás en algunos casos tengan razón, pero también pudiera ser que acusar a los juzgadores es la forma más rápida de justificar la incapacidad de los otros dos poderes del Estado en temas tan delicados como la inseguridad y la violencia.

A nivel nacional, ya se toma como un hecho comprobado que Juan Carlos García es el autor material del homicidio de Abril Pérez Sagaón y dos jueces, así como un magistrado del Tribunal Superior de la Ciudad de México, sus cómplices.

Como ya es del dominio público, el pasado 4 de enero Juan Carlos García golpeó a su esposa con un bat mientras estaba dormida, por lo que fue detenido por el delito de Feminicidio en grado de tentativa.

El magistrado Héctor Jiménez López le concedió el cambió de medida cautelar y dijo que le quitarían la prisión preventiva, el juez Federico Mosco González le reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar y un segundo juez, Carlos Trujillo, ordenó, el 8 de noviembre pasado, la libertad del detenido.

Antier fueron difundidos los videos de la audiencia judicial en la que el juez Federico Mosco afirma que al no haberse realizado una inspección del lugar de los hechos, además de que no acudieron peritos en criminalística y de química para que se hiciera la búsqueda de huellas o de indicios, fueron elementos determinantes para reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar.

En  estricto derecho los jueces no deberían haber sido suspendidos pues es evidente que no se aplica en su beneficio el derecho a la presunción de inocencia. Cualquiera que sea el resultado de las investigaciones, esos jueces ya están estigmatizados de por vida.

La decisión de suspenderlos fue más bien política y mediática, como política y mediática fue también la determinación de la Fiscalía Anticorrupción, misma que después de una rueda de prensa de una quejosa, emitió un comunicado en el que “informa que realiza acciones a fin de procurar justicia respecto del caso de homicidio culposo del motociclista Pedro Portillo Herrera, que fue atropellado el 16 de diciembre de 2017, por un conductor que presuntamente manejaba ebrio”.

Ese conductor que presuntamente manejaba ebrio (porque nunca le hicieron la prueba de alcoholemia) es nada menos que el juez Daniel Rodríguez Apac, al que efectivamente le aplicaron la máxima de que “a mis amigos justicia y gracia”, concediéndole la gran ventaja de permitirle que su proceso lo lleve desde la comodidad de su casa.

Como si no fuera suficiente, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, dijo que alrededor de medio centenar de individuos vinculados a secuestro y otro número aún sin determinar de personas relacionados con otros delitos de alto impacto han logrado evadir la prisión gracias a determinaciones de los jueces de primera instancia del estado.

Aseguró que la responsabilidad de esas libertades recae en los juzgados del Poder Judicial estatal, pero no sólo han sido liberados un total de 50 hombres vinculados al secuestro, sino también otros relacionados con homicidios.

“Nosotros somos los que tenemos esa información porque nosotros somos los que llevamos a los delincuentes a juicio… tenemos muchas libertades y sentencias revocadas en segunda instancia y eso significa que la efectividad, de la impunidad, no está quedando en el ministerio público, sino hay que mejorar la cuestión jurisdiccional”, declaró a los medios en entrevista banquetera.

Hasta ese momento fue que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, dijo “ya estuvo” y emitió un comunicado al respecto.

“Con el fin de clarificar y ofrecer una respuesta objetiva y puntual a la ciudadanía, se debe señalar que el Tribunal Superior es la sede donde diversas instituciones coadyuvan para lograr una Administración de justicia en favor de la sociedad. Ministerios Públicos, litigantes, peritos en diversas especialidades, jueces y magistrados participan en el ejercicio procesal correspondiente”, dice el documento en el que sutilmente le están diciendo a Uriel Carmona que si los delincuentes salen libres es también su responsabilidad.

Elegantemente, la magistrada califica las versiones que señalan que ese Tribunal ha dejado en  libertad a diversos sujetos de derecho acusados de delitos de alto impacto, como un asunto “subjetivo, político y coyuntural”, sin ahondar más.

Y refuta tales aseveraciones “con datos firmes, estrictos y numéricos de acuerdo a la base de datos oficial de este Poder”:

En el año 2019 se han consignado 137 personas por este tipo de delitos.

En este mismo periodo, por cuanto hace al número de libertades concedidas ha sido de 16 personas, lo que significa solo un 11.68% de los consignados.

Y por otro lado 121 son las personas que han quedado sujetos a proceso, esto es, el 88.32% de los detenidos se encuentran en prisión preventiva sujetos a un proceso judicial, conforme a las normas legales previamente establecidas, dentro de los órganos de administración de justicia en las diversas etapas del procedimiento penal.

“Las anteriores cifras, son resultado de la madurez de las instituciones partícipes en el proceso judicial. El derecho es un sistema que no está sometido a deseos o voluntades particulares. Los procedimientos jurisdiccionales ante este Alto Tribunal del Estado de Morelos, están determinados por la constitución, las leyes y los tratados internacionales.

“El actuar de los juzgadores del Sistema de Justicia Oral Penal, que ha sido sometido a escrutinio de la autoridad federal ha representado una efectividad del 95 por ciento, de acuerdo al primer informe del segundo periodo de la presente gestión. Es decir, sus resoluciones han quedado firmes e incuestionables, esto es prueba contundente de su compromiso social”.

Ya para finalizar, pide a los otros dos poderes, “dejar de hacer declaraciones irresponsables con datos falsos que solo afectan el trabajo de las instituciones y confunden a la sociedad”.

Y tiene razón la magistrada Cuevas López, pues no basta con hacer declaraciones en medios, sino demostrarlo en los tribunales.

HASTA MAÑANA.

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