Publicado en Estrategias Jueves, 09 Enero 2020 05:35

De teléfonos celulares e inhibidores

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Cuando el reportero Humberto Padgett le pidió a la empleada de Plaza Meave que si le podía probar el teléfono celular que pretendía comprar, ésta casi le suelta una cachetada.

Y es que el aparato que le estaba mostrando era uno de los conocidos como “el teléfono para reclusorios”, que por su tamaño puede ser ingresado a un centro penitenciario por cualquier cavidad corporal.

No fue fácil encontrarlo. Refiere Humberto que lo buscó antier en Tepito, “pero ahí descansan los martes porque es día de visita en los reclusorios y todos se van a ver a sus familiares”, sin embargo, le sugirieron que fuera a Plaza Meave, ubicada en el Eje Central, a cinco cuadras de donde despacha la jefa de gobierno.

Ahí, después de un rato de andar preguntando por “el teléfono celular más chiquito que tenga”, una mujer le sacó un artefacto de seis centímetros de alto por dos de ancho. Es de fabricación china y es una imitación del Nokia 3310 que existió hace unos 10 años, pero en miniatura.

Por 650 pesos, cualquier persona puede adquirir uno y conseguir a una mujer que se lo introduzca en la vagina, y quizás pagar otra propina para que las celadoras no la pongan a hacer sentadillas como se acostumbra en algunas cárceles. Así entran los teléfonos celulares a los reclusorios del ex Distrito Federal, muchos de los cuales sirven para extorsionar gente.

Pero en las cárceles de Morelos no tienen los mini Nokia, aquí se usan hasta Iphone, y no los introducen en las cavidades corporales, sino a través de los mismos custodios, hoy convertidos en empleados de los grupos de la delincuencia organizada que tienen el control del Penal de Atlacholoaya.

Por eso causa hilaridad el anuncio que hizo ayer el gobierno estatal, de que personal de Custodia Penitenciaria de la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), realizó un operativo de revisión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) “Morelos”, que se ubica en el poblado de Atlacholoaya de este municipio, donde decomisaron teléfonos celulares y armas punzocortantes.

“La CES dio a conocer que a partir de las 23:00 horas de este sábado 04 de enero y hasta las 06:00 horas de este domingo 05 de enero, los agentes se desplegaron por las diversas zonas que conforman el área varonil del penal Atlacholoaya. El personal realizó revisiones en las áreas de dormitorios, así como áreas comunes de las distintas zonas como sentenciados, procesados y máxima seguridad”, dice el boletín.

Resultado de esas 7 horas de operativo: 11 celulares, siete puntas hechizas, un cuchillo, una cuerda y una cadena metálica. Con esos resultados tan pobres, ni siquiera lo hubieran dado a conocer.

¿Cómo es posible que pongan a los custodios a buscar objetos prohibidos si son ellos los principales proveedores? ¿Por qué no pidieron apoyo para que lo realizara la Guardia Nacional o ya de pérdida el Mando Coordinado?

Volviendo al tema de los teléfonos Nokia, ayer el reportero Humberto Padgett explicaba que en 2014, el Gobierno Federal instaló inhibidores de señales telefónicas, ” que no bloquean nada”, en reclusorios de cuatro entidades: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas, que durante la administración de Enrique Peña Nieto eran los lugares que tenían más conflictos.

La empresa que actualmente da mantenimiento a los inhibidores, “que no inhiben”, se llama IntegraComex. Las que sí funcionan, reveló, son las antenas retransmisoras y potenciadoras de señal telefónica, que se encuentran al menos a 20 metros del complejo penitenciario de Santa Martha.

“Me encontré tres antenas retransmisora y potenciadoras de llamadas, a 20 metros de la cárcel, que están en un predio adyacente al complejo de Santa Martha”, informó. Estas antenas miden entre cinco y 10 metros de altura, son más altas que las torres de vigilancia de la presión; “algunos custodios le llaman huaraches y saben que son potenciadores”.

Según el periodista, las empresas telefónicas se han negado a “no dar servicio” en las zonas donde se encuentran los penales, mismo que cuando fueron construidos se encontraban lejos de la civilización.

En Morelos también existió alguna vez un inhibidor de llamadas de teléfonos celulares, pero la administración del Penal cobraba al autogobierno por “voltear la antena” durante determinadas horas.

En 2010 publicamos un reportaje en el que básicamente decíamos que, a 10 días de dejar el cargo, el gobierno de Sergio Estrada pagó más de 15 millones de pesos por la adquisición de aparatos bloqueadores de llamadas celulares para las cárceles de la entidad, lo cual parecía normal y hasta loable.

Lo que La Unión de Morelos dio a conocer, es que la empresa que se vio beneficiada con esa compra, obviamente sin licitación, fue la firma Power Print, que en ese momento tenía como giro “todo tipo de impresos”, según documento obtenido en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal.

El equipo resultó chafa y funcionó sólo dos años. Cuando el gobierno de Marco Adame intentó que la empresa proveedora asumiera su responsabilidad se encontraron con que no había tal. La dirección que aparece en la factura es una casa habitación y la persona que firmó como apoderado legal, Miguel Larios Méndez, renunció a la empresa unas semanas después de cobrar los dos cheques de más de siete millones cada uno.

Lo de Power Print ocurrió en el sexenio de Sergio Estrada, pero en la administración de Adame Castillo se dio el escándalo conocido como “Gemtel”, también relacionado con la intercomunicación. Con Graco Ramírez fueron varios casos en los que se pagaron varios millones por productos y servicios que nunca existieron.

En conclusión, la corrupción no tiene color ni partido político, y lo peor es que en ninguno de esos casos los responsables fueron castigados.

 

HASTA MAÑANA.

 

 

Modificado por última vez en Viernes, 10 Enero 2020 10:16
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