Morelos es el más vivo ejemplo de que los juicios políticos sirven para todo, menos para sancionar a los responsables de acciones u omisiones en perjuicio de la ciudadanía. Fuimos testigos de los procedimientos en contra de Jorge Carrillo Olea y Sergio Estrada Cajigal Ramírez y podemos asegurar que, al final, los argumentos en su contra se diluyeron, lo mismo que pasará con el pretendido juicio político que le incoarán a Graco Ramírez.

Y es que debemos entender que este instrumento más que jurídico es político, es decir, no importa tanto los argumentos objetivos, sino la carga política-partidista en contra de determinado funcionario.

Por eso el jurista Elizur Arteaga lo considera un procedimiento de excepción, porque se sigue a funcionarios que están al margen del sistema ordinario de persecución y castigo de ilícitos y porque el Congreso sólo en forma aislada y ocasional abandona sus funciones naturales de legislar, vigilar y ratificar y se aboca a la tarea de juzgar. Es un juicio entre pares; la misma clase de gobernantes juzga a uno de sus miembros.

“Dada su naturaleza política en su sustanciación y sanción no se cuenta con la certeza que brindan los tipos penales. La sanción de ciertas conductas depende de los criterios imperantes entre los miembros de las Cámaras respectivas; a diferencia de la precisión y objetividad de los tipos que imperan en materia penal”, señala.

Más claro: no importa que el acusado sea un delincuente o el peor de los servidores públicos; si tiene a los diputados de su lado (como en su momento los tuvo Graco Ramírez) el juicio político le hará “lo que el viento a Juárez”. En el otro extremo (como ocurrió con Carrillo Olea y Sergio Estrada) si existe línea para perjudicarlos, el procedimiento seguirá aunque al final termine con sanciones de risa.

Mucha gente se quedó con la idea de que a Jorge Carrillo Olea le incoaron juicio político por haber permitido los secuestros en Morelos, pero en el expediente no hay tal. Una de las causales era haber designado a Fernando Blumenkron como encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia sin haber cumplido la edad requerida.

Hace unos días reproducimos la crónica de aquella sesión del Tribunal Superior de Justicia  cuando los magistrados exoneraron a Sergio Estrada Cajigal, y no porque los miembros del Poder Judicial hayan sido comprados por el entonces gobernador, sino que jurídicamente no existían los elementos para sancionarlo.

Ese juicio político debió haber sido detenido desde el Congreso, pero como había línea para perjudicarlo los diputados votaron a favor de que se iniciara el procedimiento.

Esto viene a colación porque los diputados del Congreso de Morelos anunciaron el lunes pasado el inicio del proceso de juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez y dos de sus exsecretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.

Quizás los lectores piensen que Graco será juzgado por todos los millones que se robó, pero ¿Qué creen? Lo único que le están imputando es no haber entregado (en los plazos en que lo tenía que hacer)  los recursos a la Fiscalía General del estado, al Tribunal Electoral y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).

Y como decíamos al principio, un juicio político sirve para todo menos para sancionar a los servidores públicos. Por ejemplo, servirá para que aparezcan mucho en medios de comunicación algunos diputados como Pepe Casas o Alejandra Flores Espinoza.

Esta última, se aventó el siguiente discurso:

“Para el grupo parlamentario de Morena resulta de primordial interés cumplir con uno de los principales compromisos que hicimos con la ciudadanía, de no dar tregua en el combate a la corrupción ni a la impunidad. Por eso en esta legislatura daremos especial seguimiento en la solicitud de juicio político en contra de exfuncionarios de la anterior administración estatal, y que están relacionados al posible desvío de recursos”.

En realidad, la denuncia que presentó la consejería jurídica del Gobierno del Estado, a cargo de Samuel Sotelo Salgado, el 27 de septiembre pasado, es porque se retuvieron (nunca dice que se lo hayan robado) alrededor de 200 millones de pesos correspondientes al ejercicio presupuestal 2018 a la FGE y, los cuales, obtuvo supuestamente de la desaparición de dos fideicomisos, como el de Turismo (FITUR) y el Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Durante la rueda de prensa que brindaron 13 legisladores morelenses, se expuso que estas acciones del gobierno de Graco Ramírez pudieron derivar en consecuencias graves para la población del estado y “tuvo una clara intención de causar crisis para la democracia al debilitar, en pleno año electoral, al Impepac quien vigilaría las elecciones”.

¿Declararán procedente este juicio político? Lo más seguro es que sí, pues al parecer fue parte de las negociaciones con el Poder Ejecutivo para la repartición del presupuesto, y a los diputados no les cuesta nada levantar la mano para que el procedimiento siga su cauce legal. Si al llegar al Tribunal Superior de Justicia (Jurado de Sentencia) se desvanecen los argumentos jurídicos ya no será culpa de ellos.

Y seguramente algunos mal pensados dirán que por eso Graco les regaló a los magistrados 20 años de permanencia en el cargo. Lo dudamos mucho. Si los magistrados se la perdonan a Graco no será por ese regalo sino por las inconsistencias en la demanda.

De todos modos, a estas alturas una inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos le causará a Graco sólo una estridente carcajada, pues de todas las transas que hizo (y que supuestamente están contenidas en 60 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción), jurídicamente sólo le podrán cuadrar el haber sacado una camioneta con dinero del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado sin tener los requisitos legales para hacerlo.

Así las cosas, preparémonos para el show mediático que se avecina con “el juicio político a Graco”, para que los periodistas tengamos de qué escribir y los ciudadanos de Morelos tengan de qué hablar en las cafeterías, cuando hay temas mucho más importantes y sobre todo, preocupantes, como es el asesinato sistemático de empresarios y comerciantes por no pagar el “derecho de piso”.

HASTA MAÑANA.