Ayer, un grupo de integrantes de la Barra de Abogados convocó a una conferencia de prensa en la que “agarraron parejo” a todas las instituciones de gobierno y dejaron en claro que “las cosas no están bien”. Llamó la atención que entre los declarantes no estaba su presidente, Cristian Iván Velazco Alcoser, por lo que fue cuestionado por los reporteros.
“No invitamos a nuestro presidente porqué él no está interesado en levantar la voz a nombre de sus representados”, contestó lacónico José Luis Urióstegui Salgado, cabeza visible de esta “rebelión” al interior de la agrupación de abogados más grande en el estado de Morelos.
A su lado, otro ex presidente de la Barra, Alejandro Smith Vázquez; la representante de la agrupación en la zona oriente, Aricela Camacho; el jurista Arnulfo Romero; del otro lado Enrique Arizmendi Sanpedro, Miriam Martínez Bolaños y Reyna Rosales, todos “barristas de la vieja guardia”.
En contraste, el actual presidente Iván Velasco Alcoser, feliz en su muro de Facebook tomándose “selfies” con cuanto funcionario de gobierno encuentra. Eso es lo que le reclaman.
Primero habló Aricela Camacho, quien reprochó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López, el estar más preocupada por su problemática interna que por los justiciables. Pidió que los nombramientos de jueces sean por méritos y no por amiguismo o compadrazgo.
Luego hizo uso de la palabra Arnulfo Romero, quien participó en el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal allá por el 2006.
Él dijo que Morelos atraviesa una grave crisis de seguridad, con altas tasas de impunidad y con un sistema impuesto e inacabado, de procuración e impartición de justicia penal, que lo han hecho débil y corrupto. “Además, confronta a las autoridades responsables de estos grandes rubros, en una dilapidación absurda de lamentos desafortunados, respecto a quién es responsable de tanta liberación a delincuentes, ante la puerta giratoria qué distingue al indómito Sistema Penal Contradictorio Adversarial, implementado con motivo de la Reforma Constitucional del 2008”, agrego.
Recordó que dicha reforma pretendía transformar un sistema de justicia penal autoritario en uno qué cumpliera con los principios de un régimen democrático y de derecho con presunción de inocencia, debido proceso, transparencia, control horizontal, privilegiar los derechos de las víctimas, entre otras tantas bondades ofrecidas. “En la actualidad, el funcionamiento de la Justicia penal en México, han sido una Justicia derrotada y simulada y qué nunca será suficiente, por estar descontextualizada con la realidad histórica de nuestro país y siempre será contraria a la necesidad real y posible de nuestro antiguo sistema político, además, contraria a la viabilidad presupuestal y de validación de resultados”.
Enrique Arizmendi Sanpedro, quien alguna vez ocupó el cargo de director de capacitación de la Policía Ministerial y por un tiempo estuvo al frente de la cuestionada corporación, consideró que no obstante los logros y las aportaciones que los diferentes procuradores han realizado, “estimamos que en la cuestión programática existe un rezago, ya que hasta la fecha no conocemos el plan integral de seguridad pública del estado, que debiera presentar el titular de la Secretaría del ramo, que vinculado a los planes estatal y nacional de desarrollo, nos señale el camino que deben de establecer las áreas de planeación para ir resolviendo los distintos problemas que tiene que enfrentar esta función”.
Tocó el turno a Alejandro Smith Vázquez, quien se refirió al desempeño de los jueces de Distrito, e hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que se revise si todos están cumpliendo con lo establecido en la reforma federal del 2011.
“Nuestra exigencia es a que se califique la calidad de los criterios del Poder Judicial Federal en cuanto a la garantía que deben de otorgar y a la calidad de las sentencias interlocutorias o definitivas para los justiciables, si el juez de Distrito no está capacitado para entender que ha habido una reforma que transformó al país en 2011 no podemos seguir así”, acotó.
Cerró el ex presidente de la Barra de Abogados, José Luis Urióstegui Salgado, quien expuso el grave problema de la extorsión conocido coloquialmente como “cobro de piso” y que afecta a una gran parte de comerciantes y empresarios.
Ese es un gravísimo problema que afecta al sector productivo, pero sin olvidar delitos como el robo de vehículo, robo a comercio, y últimamente los casos de personas que son asaltadas después de retirar dinero de los bancos, y todo parece indicar que es con el contubernio de los empleados bancarios.
“Levantamos la voz nosotros como barristas y exigimos a las autoridades que hagan la parte que les corresponda a cada una de ellas”, dijo para finalizar.
Todavía no acababa la conferencia de prensa y ya desde su cuentas de redes sociales el aún presidente reclamaba no haber sido invitado y que es falso que no haya alzado la voz para reclamar a las autoridades. Lo cierto es que su muro de Facebook lo delata, pues muestra “selfies” con el gobernador, con la presidenta del Tribunal, con la Fiscal Antisecuestros y, sobre todo, con el fiscal general Uriel Carmona, a quien apoyó para que la Federación Iberoamericana de Abogados (FIA), le entregara este fin de semana la Presea OPEMDE Justice Internacional 2020.
La FIA entregó la presea, “en reconocimiento a su trayectoria profesional estatal y defensor de los derechos humanos y de administración de justicia en el Estado de Morelos, a través de las acciones implementadas para la transformación de la Institución a su cargo, al tiempo de establecer un trabajo que eficientice y priorice el trabajo a favor de las víctimas”.
La evidente escisión en la Barra de Abogados pronostica una candente asamblea mensual programada para el próximo sábado siete en “Los Vikingos”, después de que la última casi termina a golpes entre dos abogadas.
HASTA MAÑANA.
